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Cataluña ha culminado este 31 de diciembre el despliegue completo de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia judicial, con la entrada en funcionamiento del nuevo modelo organizativo en los últimos 14 partidos judiciales pendientes, entre ellos Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida.

Con esta tercera y última fase, el nuevo sistema se extiende ya a los 49 partidos judiciales de Cataluña y alcanza al 100% de la planta judicial del país.

Una aplicación progresiva

Esta fase final concentra el grueso de la actividad judicial: el 71,8% del total de procedimientos que se tramitan en Cataluña pasan ahora a gestionarse bajo el nuevo modelo. La reforma afecta directamente a 5.430 funcionarios y ha supuesto la creación de 150 nuevas plazas, con una inversión prevista de 6,5 millones de euros.

La ciudad de Barcelona, por sí sola, concentra el 34,9% de toda la actividad judicial de Cataluña, lo que explica que su incorporación haya requerido una planificación específica y progresiva --incluida esta tercera fase--, como ya vaticinó la decana del ICAB, la abogada Cristina Vallejo. 

Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en Barcelona David Zorrakino Europa Press

Un cambio estructural sin precedentes

El nuevo modelo sustituye los juzgados tradicionales por tribunales de instancia organizados en áreas especializadas y apoyados por tres grandes servicios comunes: general, de tramitación y de ejecución.

Esta reorganización busca una distribución más equilibrada de la carga de trabajo, una mayor especialización de los equipos y una gestión más eficiente, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y mejorar el servicio al ciudadano.

En tres fases

La implantación se ha realizado en tres fases: una primera en julio con 33 partidos judiciales; una segunda en octubre con Badalona y L’Hospitalet; y la tercera, ahora, con los 14 restantes hasta completar todo el mapa judicial catalán.

Según el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, se trata de “la reforma más importante del sistema judicial de los últimos 40 años” y un cambio que “persigue una justicia más eficiente, mejor organizada y más cercana al ciudadano”.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, en la Ciutat de la Justícia de Barcelona Conselleria de Justicia

Espadaler ha destacado que el despliegue se ha hecho “de forma consensuada” con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los decanos judiciales y los representantes sindicales, que han avalado el proceso con más del 80% de apoyo.

Barcelona: el corazón del nuevo sistema

Por su volumen y complejidad, el partido judicial de Barcelona ha sido el más delicado de transformar. Desde este 31 de diciembre ya están plenamente operativos sus tres servicios comunes, que dan apoyo al Tribunal de Instancia de Barcelona, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El tribunal se estructura en diez áreas: civil; familia, infancia y capacidades; instrucción y violencia sobre la infancia; violencia sobre la mujer; mercantil; social; contencioso-administrativo; penal; menores y vigilancia penitenciaria.

En algunas de ellas, como civil y social, se ha optado por una transición gradual hacia la especialización plena para garantizar la continuidad del servicio y evitar disfunciones.

Imagen de archivo del exterior de la Ciudad de la Justicia Europa Press

Paralelamente, se han adaptado los espacios, la señalización y los sistemas informáticos —como la plataforma e-justicia.cat— para adecuarlos al nuevo funcionamiento.

Más mediación 

La ley refuerza también el papel de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), como la mediación o la conciliación, que pasan a ser obligatorios en el ámbito civil y mercantil antes de acudir a juicio.

El objetivo es fomentar la resolución extrajudicial de conflictos y reducir los litigios. 

La 'conselleria' de Justicia considera esta apuesta una pieza clave para descargar los juzgados y promover una cultura de acuerdo, y ha reforzado la infraestructura y los recursos del sistema de mediación para hacerlo posible.

De los juzgados de paz a oficinas de justicia 

La reforma no se limita a los grandes juzgados. También transforma los antiguos juzgados de paz en oficinas de justicia en los municipios, permitiendo a los ciudadanos realizar trámites judiciales básicos desde su propio municipio, sin necesidad de desplazarse a la capital judicial.

Este proceso se acompaña del Plan de Justicia de Paz y de Proximidad, que incluye mejoras en equipamientos, formación, tecnología y atención al ciudadano.

Juzgados de Vic Google Street View

Entre otras medidas, se han instalado pantallas de atención digital, se están renovando equipos informáticos y se ha lanzado una versión simplificada del sistema de gestión procesal, que se probará inicialmente en Castelldefels, Sant Quirze del Vallès y Deltebre.

Además, se han impulsado programas 'piloto' de videoconferencia y tramitación telemática, y se han formado a miles de profesionales para facilitar la transición.

El impacto aún tardará en notarse

Aunque los primeros datos muestran que la productividad judicial se ha recuperado —e incluso superado— tras el lógico descenso inicial de adaptación, el propio Espadaler advierte de que “el cambio aún tardará un tiempo en hacerse visible para el ciudadano”.

La Generalitat insiste en que se trata de una transformación profunda, cultural y organizativa, que no solo cambia estructuras, sino también formas de trabajar y de entender el servicio público de justicia.

Pero el mensaje institucional es claro: el nuevo modelo ya está en marcha en toda Cataluña y sienta las bases de una justicia más moderna, eficiente y accesible para los próximos años.

Más juzgados en Barcelona

Esta reforma de ámbito estatal se suma a otros cambios autonómicos que se han desplegado este año en material judicial en Cataluña. 

Así, el pasado 15 de marzo entró en funcionamiento el nuevo juzgado de guardia y, en el mes de mayo, se pusieron en marcha cuatro nuevos juzgados de lo penal en Barcelona, completando así antes del verano el refuerzo estructural de la jurisdicción penal previsto para 2025.

Según datos facilitados por la conselleria de Justicia, con tres juzgados de guardia activos, Barcelona podrá absorber hasta 18.000 juicios inmediatos al año, lo que supone un incremento del 50% respecto a la capacidad actual.

En cuanto a los juicios rápidos, el objetivo es reducir drásticamente los tiempos de espera, que en algunos casos alcanzaban los 15 meses, para dejarlos en solo 1 mes. Para ello, se ha reforzado el personal con cuatro jueces de apoyoletrados de la Administración de Justicia y 15 nuevos funcionarios, distribuidos entre dos gestores, ocho tramitadores y cinco auxiliares.

Refuerzo en los juzgados de VIDO

Asimismo, el plan del departamento también contemplaba el refuerzo de los juzgados de violencia sobre la mujer, que ahora, con la última reforma, también asumen delitos de violencia sexual.

La previsión es que la carga de trabajo crezca un 20 % y, por ello, se han abierto cuatro nuevos juzgados especializados (VIDO) en Barcelona, L’Hospitalet, Lleida (compartido con Cervera) y Vilafranca del Penedès (compartido con Vilanova i la Geltrú).

También está prevista la creación de un nuevo juzgado de violencia enfocado en infancia y adolescencia.

Este refuerzo irá acompañado de la incorporación de 60 nuevos jueces entre 2025 y 2027, cuya distribución se ha trabajado de forma coordinada con el TSJC. La selección de plazas se ha hecho según criterios de equilibrio territorial, carga de trabajo, disponibilidad de espacio y número de procedimientos pendientes.