El cambio de actitud de la UB tras dos décadas de silencio pone a Flecha en la diana

La Universidad de Barcelona (UB) ha dado un paso sin precedentes en la gestión del escándalo que rodea al catedrático emérito Ramón Flecha.

Este lunes, el rectorado ha remitido a la Fiscalía Provincial de Barcelona las conclusiones de su investigación interna tras hallar indicios de delitos sexuales y de abuso de poder "muy graves".

Un giro radical en la trayectoria de la institución, que durante más de veinte años ha conocido que el nombre de Flecha ha estado ligado a quejas y rumores sobre prácticas coercitivas y no ha sido hasta más de veinte años después que ha llegado a judicializarse de forma efectiva por parte de la universidad, validando por primera vez la veracidad y coherencia de los testimonios de más de una decena de mujeres que denunciaron al académico, otra vez, el pasado verano.

Un sistema de control bajo el foco

La ofensiva de la UB no se detiene en la figura del catedrático. El centro ha anunciado la apertura de expedientes disciplinarios y la suspensión cautelar de otros dos profesores —un hombre y una mujer— integrantes del grupo CREA (Community of Research on Excellence for All).

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Según fuentes de la investigación, el informe apunta a que el entorno de Flecha operaba bajo dinámicas de control emocional y aislamiento profesional. Estas estructuras habrían facilitado que los presuntos abusos se perpetuaran durante décadas sin que los mecanismos de control internos saltaran.

Los peritajes psicológicos incluidos en el expediente subrayan la "fiabilidad y persistencia" de los relatos de las víctimas. Estas mujeres describen un patrón de conducta que incluye desde el acoso laboral hasta agresiones sexuales, amparadas por la jerarquía que Flecha ostentaba en el mundo académico.

Enmienda a la totalidad a la gestión anterior

El rector Joan Guàrdia ha confirmado que la UB se personará como acusación particular en cuanto el proceso judicial se formalice. Un mensaje de firmeza que busca reparar la imagen de la institución frente a las críticas por la supuesta impunidad de la que gozó el grupo CREA durante mandatos anteriores.

Desde los años 90, diversos testimonios habían intentado alertar sobre la situación en el departamento de Sociología. Sin embargo, el prestigio internacional de Flecha y su capacidad para atraer fondos de investigación europeos habrían funcionado, según los críticos, como una "coraza" frente a las investigaciones internas.

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Próximos pasos judiciales

Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía, que deberá analizar la documentación remitida por la UB, que incluye testimonios directos y pruebas documentales sobre el funcionamiento interno de CREA.

Mientras tanto, el impacto en la comunidad universitaria es profundo. Los sindicatos y colectivos de estudiantes exigen que esta "limpieza" no se detenga en Flecha y que se analice por qué los protocolos de protección de la universidad fallaron sistemáticamente durante "tantos años".

La universidad ha garantizado el acompañamiento a las víctimas, muchas de las cuales han tenido que esperar años para ver cómo sus relatos salían de los cajones del rectorado para entrar en los juzgados. El caso marca un punto de inflexión en la tolerancia hacia el abuso de poder en el sistema universitario español.