La okupación ilegal vuelve a situarse en el centro del debate jurídico. De nuevo, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) asume el papel de impulsor del análisis y de las propuestas legislativas.
Hasta 300 juristas y representantes del Poder Judicial han advertido de la urgencia de reformar el marco legal vigente para agilizar la recuperación de inmuebles okupados. Según alertaron durante una jornada celebrada en ICAB, los propietarios tardan actualmente entre dos y tres años en recuperar la posesión, incluso cuando la okupación es evidente y no existe título o contrato que la ampare.
Los expertos denunciaron que esta demora vulnera la tutela judicial efectiva y señalaron que las herramientas actuales —como el juicio rápido— resultan ineficaces para resolver ocupaciones en plazos razonables.
El TS propone una Ley Integral
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Magro, defendió la necesidad de aprobar una Ley Orgánica integral contra la okupación ilegal. Magro subrayó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) obliga a los Estados a garantizar plazos de desalojo reducidos y presentó un paquete de reformas orientado a la recuperación inmediata de inmuebles.
Entre las medidas recogidas por el TEDH se recoge: la expulsión cautelar en 72 horas, la tipificación como estafa, la habilitación de la policía para intervenir en casos flagrantes, el registro estatal de morosidad en alquileres o la posibilidad de que las comunidades puedan denunciar.
Imagen del auditorio del ICAB durante la Jornada de Análisis sobre okupación ilegal
El ICAB reclama desalojos en 48 horas y más legitimación procesal
La decana Cristina Vallejo recordó que el Colegio de la Abogacía de Barcelona ya ha trasladado propuestas legislativas tanto en el ámbito civil como en el penal.
En lo penal, proponen medidas cautelares de desalojo y devolución de la posesión en 48 horas, suprimir el jurado en el delito de allanamiento de morada e incluir las usurpaciones y los allanamientos entre los delitos leves inmediatos.
En el ámbito de lo civil, incorporar una medida cautelar civil de recuperación posesoria, ampliar la legitimación a personas jurídicas o permitir actuar judicialmente al presidente de la comunidad de propietarios.
Seguridad jurídica
Los juristas coincidieron en un punto clave: las situaciones de vulnerabilidad deben ser gestionadas por la Administración, no soportadas por los propietarios. Reclamaron mayor oferta de vivienda asequible y una respuesta institucional coordinada que evite la judicialización sistemática del problema.
“Garantizar vivienda digna para quien lo necesita es esencial, pero también lo es proteger el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica”, concluyeron.
Pisos turísticos
La jornada también abordó el impacto de la nueva normativa catalana sobre viviendas de uso turístico. La regulación obliga a los propietarios a obtener una licencia urbanística previa y a los ayuntamientos a modificar sus planes urbanísticos para permitir o limitar expresamente el uso turístico.
Además, fija un máximo de 10 viviendas turísticas por cada 100 habitantes y establece licencias de cinco años prorrogables. La medida afecta a 262 municipios considerados zonas tensionadas y busca recuperar vivienda destinada a uso residencial.
Los ponentes señalaron que la norma introduce un cambio profundo en el mercado: puede favorecer el retorno de pisos al alquiler habitual y aliviar la presión sobre los precios, pero también está generando incertidumbre jurídica y una reducción de la inversión en alojamientos turísticos.