La auditoría de Derechos Sociales confirma un gran número de pagos indebidos a jóvenes extutelados

La conselleria de Derechos Sociales e Inclusión ha hecho público el informe definitivo de la auditoría encargada tras detectarse pagos indebidos realizados por la antigua DGAIA, por un importe de 4,7 millones de euros, abonados a jóvenes extutelados entre 2019 y 2022.

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El departamento, dirigido por Mónica Martínez Bravo, explicó en un comunicado que la investigación ha identificado un porcentaje elevado de pagos indebidos en los expedientes revisados. Según los resultados, los errores se deben principalmente a deficiencias en la revisión del cumplimiento de los requisitos exigidos.

Conclusiones

Tras el análisis, la conselleria concluye que la contratación de un equipo de seguimiento intensivo no habría sido suficiente para evitar los pagos indebidos. El estudio señala, además, deficiencias en la gestión de la prestación destinada a jóvenes extutelados y en el sistema de copago de los servicios de vivienda.

La auditoría también apunta que estos fallos podrían estar relacionados con la falta de personal y de herramientas de gestión adecuadas para afrontar el volumen de expedientes. Asimismo, destaca la escasa interoperabilidad entre los sistemas administrativos como una de las principales carencias detectadas.

Caso a caso

Esta primera auditoría se ha centrado en los expedientes correspondientes a los años 2023 y 2024. Tras conocer los resultados, la conselleria ha iniciado la revisión individualizada de todos los expedientes con irregularidades para determinar las actuaciones que deben emprenderse en cada caso.

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En este sentido, Derechos Sociales e Inclusión ha asegurado que “ya hay un equipo trabajando en ello, que se ampliará en las próximas semanas”.

"Lo que tenemos claro es que los jóvenes vulnerables no deben sufrir las consecuencias de la deficiencias en la gestión. El 80% de los casos de pagos indebidos se deben a que los jóvenes han empezado a trabajar que es lo que deben hacer", afirma la consellera. También ha recordado la condonación de la deuda que ha aprobado el Govern y que se espera que el Parlamento acuerde.

Futuro

A partir del próximo 1 de noviembre, la gestión de las prestaciones para jóvenes extutelados pasará a depender de la Dirección General de Prestaciones Sociales. Este cambio permitirá verificar mensualmente el cumplimiento de los requisitos mediante la comprobación automática de datos administrativos —en concreto, de actividad laboral, empadronamiento e ingresos—.

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de las prestaciones, la conselleria ha señalado que seguirá siendo necesario contar con un equipo especializado que realice el seguimiento del Plan de Trabajo Individualizado (PTI), el acuerdo entre los jóvenes extutelados y la administración donde se definen sus objetivos educativos y laborales.

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Finalmente, Derechos Sociales e Inclusión ha informado de que, debido a las nuevas necesidades del servicio, se ha ordenado tramitar por la vía de urgencia el expediente de contratación del nuevo servicio de acompañamiento, que se ajustará al decreto de estructura recientemente aprobado y que crea el Servicio de Atención y Promoción de Jóvenes Tutelados y Extutelados.

Este nuevo servicio se centrará en los procesos de acompañamiento en la solicitud de prestaciones y en la inserción educativa y laboral de los jóvenes. La conselleria prevé que el contrato esté operativo durante el primer semestre de 2026.