Mataró se despertó lunes con un despliegue policial sin precedentes. Más de 300 personas —150 agentes de Mossos d’Esquadra, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, junto a otros 150 técnicos e inspectores municipales—, con apoyo de Cruz Roja y empresas de servicios como Endesa y Aluvisa, se adentraron desde las 8:00 de la mañana en un terreno agrícola protegido para desalojar un cámping ilegal.
El terreno en cuestión, unas 15 hectáreas situadas junto a la carretera de Mata, a los pies de la autopista y colindante con el Parc Natural del Montnegre i Corredor, forma parte de un espacio natural de alto valor ecológico.
El objetivo del operativo de este lunes fue clausurar y desalojar el macro asentamiento ilegal que funcionaba como cámping y espacio para eventos sin licencia. Una actividad que multiplicaba el ya de por sí elevado riesgo de incendio.
Sin un plan de emergencias
La intervención ha sido ordenada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Barcelona, tras la petición expresa del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona).
El consistorio alertó del elevado riesgo de incendio forestal en la zona —en los últimos meses se han producido tres fuegos en el entorno periurbano— y del peligro para las personas que residían allí. La existencia de viviendas continuadas en las parcelas incrementaba notablemente ese riesgo: actividades ordinarias como cocinar, calentar agua, utilizar aparatos y conexiones eléctricas o acumular residuos podían provocar un accidente.
Imagen de la rudimentaria instalación eléctrica que había en el interior del cámping ilegal
A esto se sumaba la falta de medidas de protección y de planes de emergencia: ni equipos de extinción, ni vías de evacuación, ni puntos de reunión o zonas de confinamiento, lo que implicaba una capacidad de respuesta muy limitada ante un hipotético incendio.
El Ayuntamiento solicitó además autorización judicial para entrar en los terrenos, desconectar, retirar y/o precintar aparatos, equipos, instalaciones, objetos y residuos peligrosos, así como cerrar los suministros necesarios.
Un cámping pirata con 160 parcelas
El consistorio ha confirmado la existencia de 160 parcelas, aunque no todas estaban ocupadas de manera permanente. Algunas se utilizaban como segunda residencia o huerto.
Según el padrón municipal, desde 2023 se han empadronado 85 personas —más de la mitad no estaban registradas previamente en Mataró—, y otras 44 han solicitado el empadronamiento, 40 de ellas desde julio, cuando ya se había advertido públicamente de la ilegalidad del campamento.
A las 15:00 horas de este lunes se habían realojado 14 personas y los equipos de atención social seguían recepcionando a quienes llegaban del campamento. Las personas desalojadas han podido recoger sus pertenencias y sus animales, con la posibilidad de recuperar objetos más adelante.
Miembros de los distintos organismos civiles y policiales que han participado en el desalojo
El consistorio notificó la situación y la petición de autorización de desalojo el pasado julio a las personas de las que tenía constancia que vivían en el asentamiento. Desde entonces, solo tres familias se habían dirigido al Servicio de Bienestar Social del ayuntamiento.
El dispositivo social, coordinado por Bienestar Social del Ayuntamiento y Cruz Roja, ha trabajado sobre el terreno detectando situaciones de vulnerabilidad y cribando necesidades concretas de medicación, movilidad, alimentación especial y atención psicológica o sanitaria.
A continuación, se ha derivado a las personas empadronadas y que cumplían requisitos a un equipamiento municipal para valorar alternativas habitacionales de emergencia. Debido a la complejidad del desalojo, las tareas de atención se prolongaron durante toda la jornada hasta el anochecer.
Decretos y avisos
El Ayuntamiento de Mataró llevaba meses preparando el desalojo. El 19 de junio el alcalde, David Bote, firmó un primer decreto dando a la empresa arrendataria, Nayla BNS SL, un plazo legal para presentar alegaciones.
Agentes de la Policía Local durante el desalojo de este lunes
Al no recibir respuesta, el 16 de julio se acordó la clausura y se concedieron cinco días para desalojar voluntariamente y retirar instalaciones peligrosas, con un plazo de 30 días para desmontar el resto de construcciones y cobertizos. Se notificó individualmente a los residentes conocidos y se publicó en el BOE para el resto (22 y 29 de julio).
El 6 de agosto, técnicos de Protección Civil, Servicios Urbanos y Policía Local acudieron al cámping para comprobar si se había cumplido el decreto, pero se les negó la entrada. Esto obligó a solicitar autorización judicial para entrar y proceder al desalojo forzoso. En esa inspección se constató que la actividad del cámping seguía en funcionamiento.
Una zona agrícola protegida
Según fuentes municipales, los terrenos pertenecen a Inmobiliaria Mar SLU (antigua La Llave de Oro), que los tiene alquilados a Nayla BNS SL. Se trata de suelo agrícola y forestal protegido, donde no está permitido edificar ni instalar cámpings.
Desde 2022, el Ayuntamiento tiene abiertos expedientes de disciplina urbanística contra los propietarios y arrendatarios por barraquismo y actividades incompatibles con la normativa.
Parte de la comitiva de Mossos accediendo al recinto del asentamiento ilegal
Investigación penal paralela
De forma simultánea, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos, a través del Área Central de Delitos Económicos y la División de delitos Medioambientales, desplegó un segundo dispositivo policial relacionado con el desalojo.
En este sentido, se practicaron cinco registros en tres pisos de Mataró y en dos de las parcelas. Según fuentes policiales, las personas encargadas de gestionar el terreno y arrendar las parcelas han quedado investigadas por posibles delitos urbanísticos y medioambientales. La investigación, sin embargo, está bajo secreto de sumario.
“Tolerancia cero” con el barraquismo
Fuentes municipales subrayan que el consistorio “está en contra del barraquismo” y que la actuación de este lunes busca “recuperar un espacio protegido” y “eliminar riesgos para la población y el entorno”.
Tras el operativo, está previsto precintar la zona para evitar su reocupación. El Ayuntamiento ha ofrecido su total colaboración a la Fiscalía de Medio Ambiente y a los Mossos d’Esquadra para esclarecer responsabilidades penales.