Un año y medio después de la muerte de Núria López a manos de un preso en el centro penitenciario de Mas d'Enric (Tarragona) donde trabajaba como cocinera, su sobrino, Pablo Martínez, tomó la palabra en la Comisión de Justicia con una petición para que se constituya una Comisión de Investigación con el objetivo de esclarecer las causas del asesinato de su tía y, sobre todo, para identificar las posibles negligencias que hicieron posible la tragedia.
Martínez expresó su disposición a participar en los trabajos de esa comisión y pidió a los grupos parlamentarios que actúen con responsabilidad para que “ninguna familia tenga que volver a pasar por lo mismo”. Aunque PP, Vox y Aliança Catalana ya han avanzado su apoyo a la propuesta —lo que garantiza la mayoría mínima para constituirla—, el familiar subrayó que prefiere un acuerdo amplio que evite que la tragedia sea utilizada políticamente.
Respuesta política
Tras su intervención, los grupos parlamentarios marcaron posiciones. Antonio Poyato (PSC) lamentó que algunos intenten hacer política con la desgracia y aseguró que la Conselleria de Justicia trabaja en mejoras del sistema penitenciario. Francesc de Dalmases (Junts) denunció la “falta de humanidad evidente” en la legislatura anterior.
Desde ERC, Ana Balsera pidió disculpas si la familia percibió que el Govern de Pere Aragonès, con Gemma Ubasart como consellera de Justicia, no estuvo a la altura. Andrés García (Comuns) recordó que el Parlament tiene una gran responsabilidad para garantizar mayor seguridad en el ámbito penitenciario.
En la oposición, Alberto Villagrasa (PP) reprochó que no se atendieran las quejas de Núria. Sergio Macián (Vox) afirmó que el Govern de Aragonès “deberá arrastrar siempre la vergüenza” de que la muerte ocurriera bajo su mandato. Rosa Maria Soberana (Aliança Catalana) cuestionó qué mejoras se han producido desde entonces y denunció que el personal penitenciario sigue sin medios de autodefensa.
Indemnización de la Generalitat
A principios de este verano, se anunció que la Generalitat de Cataluña indemnizaría con 40.400 euros a los familiares de Núria López. Esta acción vino acompañada de un reconocimiento por parte del Govern del daño infligido a la familia, a raíz del funcionamiento del servicio público penitenciario y de las "disfunciones detectadas".
Justícia destacó que el departamento ha puesto en marcha diversas medidas de seguridad y de organización para evitar que se repita un episodio similar. En septiembre del año pasado entró en vigor la circular 1/2024, que redefine los criterios de asignación de tareas a los internos e impide que los penados por delitos de extrema violencia tengan acceso a objetos peligrosos.