La pesadilla continúa en una comunidad de vecinos de Sant Antoni de Calonge, en la provincia de Girona. Lo denunciaron públicamente hace semanas, cuando advirtieron que un grupo organizado estaba okupando pisos vacíos de la Sareb.
Ahora, dos meses después de conceder una primera entrevista a Crónica Global, los residentes vuelven a alzar la voz: aseguran que la convivencia sigue rota y que la propiedad no reacciona con la contundencia necesaria.
Por un lado, reprochan a la Sareb las facilidades que, a su juicio, está dando a los inquilinos fraudulentos —con el riesgo, critican, de que acaben premiados con contratos de alquiler social en los mismos pisos que usurparon—.
Y, por otro, recuerdan la deuda que el conocido como banco malo arrastraba desde hace más de un año con esta comunidad de Sant Antoni. Una dita superior a 30.000 euros y de la que solo se han abonado 24.000 en los últimos días. Un gesto que los vecinos reciben con recelo: no saben si responde a un compromiso real o a una imposición judicial.
Cortes de luz y agua
El día a día cada vez es más complicado. Sin ir más lejos, este mismo martes, agentes de la Policía Local tuvieron que escoltar a trabajadores de Endesa para que accedieran al edificio y cortaran las conexiones eléctricas fraudulentas, según confirmaron fuentes del Ayuntamiento de Calonge i Sant Antoni.
Sin embargo, el respiro duró poco: en menos de 24 horas los okupas ya habían vuelto a pinchar la luz de forma ilegal, reenganchándose a la red y devolviendo la sensación de impunidad al bloque. Esta vez, incluso, fueron sorprendidos in fraganti tras oírse una pequeña explosión y comprobarse que los contadores estaban manipulados de nuevo.
Uno de los okupas contactó con un conocido suyo que es electricista y en pocas horas volvían a estar conectados de forma ilegal.
Un policía local de Calonge y Sant Antoni (Girona) donde se encuentra la finca con pisos okupados
Los vecinos temen que uno de estos empalmes pueda provocar un incendio en la comunidad. No solo ocurre con la electricidad: también se ha actuado con la compañía del agua para cortar suministros fraudulentos y, poco después, los okupas vuelven a enchufarse.
Clima de miedo
El relato de los residentes dibuja un panorama de convivencia insalubre y peligrosa. En este sentido, no solo denuncian que los okupas mantienen pinchada la luz y el agua, sino que también claman contra un comportamiento incívico y provocador por parte de los delincuentes.
"Los inquilinos ilegales utilizan los cuartos de contadores como trasteros, dejan bicicletas y pertenencias en las entradas y hacen ruidos y fiestas hasta altas horas de la madrugada", lamentan. Añaden, además, que "fuman en la piscina y permiten que los menores permanezcan sin vigilancia", una situación que llegó a poner en peligro a un niño de apenas dos años que estuvo a punto de caer al agua.
También hablan de miradas desafiantes y actitudes amenazadoras cada vez que cruzan con los okupas en el rellano. “Nos sentimos observados. Están al tanto de cada mudanza y de cada piso vacío para ocuparlo de inmediato”, sentencian.
Efecto llamada
La indignación de la comunidad se dirige principalmente hacia la Sareb, propietaria de la mayoría de pisos del bloque.
Los vecinos aseguran que la entidad está valorando conceder contratos de alquiler social a los okupas más conflictivos, precisamente en los mismos apartamentos que usurparon. A juicio de la comunidad, esto supondría premiar la comisión de un delito y abrir un efecto llamada a nuevas okupaciones.
“No negamos que haya familias vulnerables”, admiten los residentes, “pero ellos mismos nos han dicho que podrían pagar un alquiler de hasta 800 euros, aunque no les da la gana. ‘La culpa de que okupemos es de Pedro Sánchez’, nos espetaron en una ocasión”.
El propio Ayuntamiento de Calonge i Sant Antoni también reclama más implicación a la Sareb.
Recuerda los compromisos adquiridos: instalar alarmas en los pisos vacíos, tapiar accesos y retirar sanitarios e instalaciones para evitar nuevas ocupaciones. Medidas que, de momento, se cumplen “con satisfacción general”, aunque los vecinos reclaman más contundencia.
Un bloque al límite
Mientras tanto, la tensión no afloja. Los vecinos aseguran vivir en un “estado de alerta permanente” y reclaman medidas inmediatas para recuperar la normalidad. Temen que, si no se actúa con firmeza, la convivencia se deteriore aún más y el bloque se convierta en un imán para nuevas ocupaciones.
El Ayuntamiento insiste en que no permitirá que los infractores se sientan cómodos ni impunes en el municipio, pero la comunidad teme que la situación siga deteriorándose y que la normalización de contratos sociales a quienes okuparon ilegalmente acabe desatando un nuevo efecto llamada.