Cada vez más municipios catalanes adoptan sistemas avanzados de videovigilancia. Estas iniciativas, que parecen extraídas de la sociedad ideada por George Orwell en 1984, se enmarcan en "estrategias de seguridad inteligentes" que buscan frenar la delincuencia urbana y mejorar la percepción de inseguridad.
El último balance del Departamento de Interior, al que ha tenido acceso Crónica Global, revela que actualmente, en Cataluña, hay 5.322 cámaras ya autorizadas y en funcionamiento y otras 691 pendientes de resolución administrativa, repartidas en casi 300 expedientes municipales.
Mejorar la seguridad
La instalación de estos dispositivos —innovadora y polémica a partes iguales— busca anticipar y prevenir situaciones de riesgo en el marco de la seguridad pública y ciudadana.
En especial en aquellos puntos considerados más conflictivos: calles con alta concentración de hechos delictivos o zonas con deficiencia de iluminación.
Cámara de vigilancia. Imagen de archivo
De este modo, con este gran hermano, los ayuntamientos de Cataluña buscan mejorar la identificación de vehículos y personas supuestamente implicadas en actividades ilícitas. Otorgando, además, herramientas útiles a los cuerpos policiales que pueden controlar los dispositivos inteligentes repartidos por el municipio y utilizar las imágenes para resolver delitos.
Autorización de la DGAS
Sin embargo, no se trata de un despliegue libre.
La instalación y uso de cámaras de videovigilancia está reservada a las fuerzas y cuerpos de seguridad y requiere de la autorización expresa de la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS) previo informe favorable de la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña.
La DGAS, que depende del Departamento de Interior, solo concede las autorizaciones si existe un riesgo razonable para la seguridad. Además, el sistema debe resultar proporcionado, garantizando en todo momento la privacidad, intimidad e imagen de los ciudadanos.
Cada ayuntamiento debe justificar previamente los motivos que le han conducido a solicitar una cámara de seguridad en cada punto concreto del municipio.
Vigencia de un año
Según han informado fuentes del departamento, estas resoluciones tienen una vigencia de un año y son renovables siempre que no se alteren las condiciones iniciales ni se añadan nuevas cámaras.
Es decir, en caso de que un ayuntamiento no solicite la renovación a tiempo o introduzca cambios en el sistema (como variar la ubicación o sumar dispositivos), deberá pedir una nueva autorización. Eso explica por qué en el registro de Interior algunas cámaras no son estrictamente nuevas: muchas forman parte de sistemas ya existentes que han sido modificados o renovados.
El listado facilitado a este diario corresponde al último año y muestra tanto las autorizaciones iniciales (A) como las renovaciones (R). Aun así, puede darse el caso de municipios que no aparezcan, simplemente porque están preparando la documentación para renovar o tramitar de cero su red de videovigilancia.
Un cartel informa de que se accede a una zona vigilada por cámaras de videovigilancia
También de los Mossos
El registro no solo recoge las cámaras gestionadas directamente por los ayuntamientos. También aparecen dispositivos vinculados a la Policía de la Generalitat–Mossos d’Esquadra (PGME) y al Servei Català de Trànsit, responsables de la seguridad en carreteras y de determinados espacios de especial sensibilidad.
En estos casos, las resoluciones se tramitan igualmente a través del Departamento de Interior, de modo que el listado ofrece una visión conjunta del parque de videovigilancia, tanto a nivel local como autonómico.
Sin subvenciones, todavía
Hasta ahora, los ayuntamientos han tenido que asumir con fondos propios la instalación y el mantenimiento de sus sistemas de videovigilancia. Pero Interior confirmó que el Govern prevé abrir subvenciones específicas con una doble convocatoria: una destinada a municipios más pequeños y otra para los pueblos que carecen de policía local.
En palabras de la Dirección General de Administración de Seguridad del Departamento de Interior: “se está trabajando en la elaboración y aprobación de las bases para la concesión de subvenciones para la instalación de sistemas de videovigilancia policial"
La previsión, dicen, es que las bases de las subvenciones se publiquen durante el último trimestre del año y que la convocatoria se abra el primer trimestre del año que viene.
De este modo, el mapa del Gran Hermano catalán se prepara para una nueva expansión en 2026, esta vez con respaldo económico de la Generalitat. Un despliegue que, según Interior, busca dotar a los municipios de más herramientas para prevenir riesgos y reforzar la seguridad ciudadana.
Consulta la lista completa
En el siguiente gráfico interactivo se puede consultar el listado completo de expedientes tramitados este año, con detalle de municipios y el número de cámaras: