En el número 87 de las Ramblas de Barcelona, los vecinos arrastran desde hace meses un conflicto que parece tener una difícil solución.
El vecindario, compuesto por inquilinos de alquiler, ha sido testigo de cómo una operación urbanística impulsada por los propietarios del edificio —una conocida familia de la burguesía catalana— amenaza con alterar la convivencia en la finca.
¿El motivo?, garantizar la operatividad de un local en los bajos del bloque, para lo cual se pretende instalar una salida de humos.
El problema del humo
Todo comenzó en abril, cuando el Ayuntamiento de Barcelona autorizó la obra y varios técnicos se personaron en el edificio "para recoger muestras".
Por entonces, sin embargo, nadie sabía con certeza qué se planeaba. Con el paso de las semanas, los inquilinos descubrieron lo que había detrás: el local comercial situado en la planta baja necesitaba una salida de humos y los propietarios iban a hacer lo que fuese para conseguirlo.
De este modo, quien está detrás de esta maniobra es el propietario, que posee tanto los bajos como el resto de la finca: un gran tenedor vinculado a una de las sagas más reconocidas de la burguesía barcelonesa.
Imagen de la fachada del número 87 de Las Ramblas
Desde entonces, las decisiones se han tomado de arriba hacia abajo, sin contar con el vecindario ni ofrecer explicaciones claras. La comunidad siente que los propietarios no los han tenido en cuenta, tomando las decisiones en función de las necesidades del local, aun a costa de poner en jaque la habitabilidad del edificio.
Una controvertida compensación
La solución propuesta por la propiedad para encajar la salida de humos ha sido tan ambiciosa como controvertida: se plantea que la conducción suba por el interior del edificio y atraviese el tejado, extendiéndose por el aire entre dos edificios colindantes.
El proyecto, además del impacto estructural, implica --según las fuentes consultadas-- un riesgo potencial de incendio, lo que ha encendido las alarmas entre los vecinos.
Como gesto de compensación, la familia propietaria ha anunciado la instalación de un ascensor en el edificio. Pero el ofrecimiento ha sido recibido más como una maniobra de distracción que como una mejora.
Espacio de la escalera donde quieren construir el ascensor
El ascensor que nadie pidió
Según expresan los vecinos, el espacio disponible es tan estrecho que apenas permitirá un uso cómodo del ascensor y, sobre todo, nadie lo ha pedido. “Nos meten un ascensor que nadie quiere, como si eso arreglara que tengamos que soportar meses de obras por un tubo de humo que no es nuestro”, dice una vecina de la finca.
El comentario refleja el sentir general: se percibe como una imposición encubierta bajo una falsa mejora, que además pone en riesgo elementos estructurales del bloque.
Desde el mes de abril, los vecinos aseguran no haber recibido ninguna notificación oficial sobre el proyecto. Fuentes cercanas al caso explican que la estrategia parece orientada a suavizar la reacción vecinal con la instalación de un ascensor, dando la impresión de una mejora a cambio de tolerar una obra profundamente intrusiva y que beneficia únicamente al local comercial.
Aún queda una pequeña esperanza
Según estas mismas fuentes, tanto el ascensor como la salida de humos cuentan ya con licencia municipal. Sin embargo, hay un elemento que aún puede frenar las obras: el informe pendiente de Patrimonio de la Generalitat.
Aunque el ayuntamiento otorgó la licencia en abril, ahora el proyecto está a la espera de la aprobación por parte del área de Patrimonio de la Generalitat de Cataluña, que debe valorar si la intervención pone en peligro la conservación de elementos arquitectónicos protegidos, como podría ser la escalera de la finca.
Los vecinos se aferran a este trámite con la esperanza de que frene el avance del proyecto. No sería la primera vez que ocurre: en otras fincas de la Rambla, iniciativas similares han sido paralizadas precisamente para preservar el carácter patrimonial de los inmuebles.
Algunos de los agujeros y pruebas que se han hecho en el edificio
De hecho, el caso ha generado frustración, especialmente entre los residentes de edificios colindantes, que aseguran que en su momento no se les permitió instalar ascensores por falta de espacio o por tratarse de fincas con valor patrimonial.
Vecinos 'versus' el gran tenedor
De este modo, el enfrentamiento no se da entre vecinos y restaurante, ni entre vecinos y ayuntamiento, sino entre los inquilinos y la propiedad del edificio: una familia con apellido, recursos e influencia, acostumbrada a mover los hilos sin demasiadas resistencias.
“Ellos no viven aquí, ni se van a comer las molestias de las obras, ni el humo, ni el ruido”, se queja otra inquilina. La sensación es compartida: una comunidad entera obligada a soportar meses de obras, alteraciones estructurales y riesgos añadidos, para que un negocio particular —ajeno a la vida de quienes habitan el edificio— pueda seguir generando ingresos.