Junts per Catalunya intentó convertir un conflicto inexistente en un escándalo institucional. ¿El anzuelo? Una agente del 112 que, según la denuncia de un conocido economista, se habría negado a atenderle en catalán tras un leve accidente de tráfico. El problema es que nada de eso ocurrió.
Los hechos sucedieron el 22 de marzo de 2025, cuando Ferran P., presidente de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Economistas de Cataluña, sufrió un leve accidente de tráfico en la carretera C-31. No hubo heridos, solo daños materiales. El hombre llamó al 112 y fue atendido por una agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra destinada a ese servicio.
Según los protocolos establecidos, la agente le explicó que en estos casos no se envía una patrulla presencial: no hay lesiones, no hay conflicto activo, y los recursos deben reservarse para emergencias reales. A cambio, se le ofreció ayuda para gestionar el parte amistoso por teléfono.
La mentira viral
Pero la conversación no terminó bien. El hombre insistía en que quería una patrulla. La agente reiteró la negativa y, tras varios intentos fallidos de reconducir la llamada, colgó para poder atender otras que sí podían implicar riesgo para personas.
Esa misma semana, el economista publicó un hilo en Twitter —hoy X— asegurando que la agente se había negado a atenderle en catalán y que por ese motivo le había colgado el teléfono. La acusación era falsa.
De Twitter al Parlament
El mensaje del economista no tardó en viralizarse. Fue compartido, comentado y retuiteado miles de veces. La indignación creció, alimentada por algunos medios de comunicación que recogieron su versión sin contrastarla y con titulares tan rotundos como engañosos: "Pide ser atendido en catalán y los Mossos le cuelgan el teléfono".
La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en un pleno del Parlament de Catalunya
La ola de indignación provocó que el diputado Josep Rius de Junts per Catalunya, mano derecha de Carles Puigdemont, registrara una pregunta en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) exigiendo explicaciones a la consellera de Interior, Núria Parlon: ¿Había una agente que se negaba a atender en catalán? ¿Se trataba de una vulneración de derechos lingüísticos?
La presión política era ya imparable, aunque nadie había verificado si los hechos relatados por el economista eran ciertos.
Interior desmintió la versión
Cuando el Departamento de Interior analizó la conversación telefónica quedó claro que la atención se realizó íntegramente en catalán. No hubo ningún conflicto ni discriminación lingüística. Las acusaciones vertidas por el conocido economista, pues, eran falsas.
La consellera también explicó en su respuesta que, tras la queja del ciudadano en cuestión, se supervisó "el detalle de la carta de llamada del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 en Cataluña" y se concluyó que "la asesoría técnica de la operadora fue la correcta y que el idioma utilizado durante toda la conversación fue el catalán, de manera que no se produjo ningún tipo de discriminación lingüística".
Edificio del Servicio 112 en Reus (Tarragona)
Pese a ello, y aunque la consellera desmintió que se hubiera producido una negativa a atender en catalán, Interior decidió abrir una investigación interna para ratificar que la conversación se había desarrollado bajo los parámetros establecidos.
Finalmente, se concluyó con que la actuación “no se ajustaba plenamente a los estándares de vocación de servicio público que se espera del cuerpo” y se decidió expedientar a la agente. Un expediente leve, sin consecuencias disciplinarias graves, pero con efectos devastadores a nivel personal.
De baja por ansiedad
La agente, tras conocer el expediente y ver cómo su actuación era puesta en duda pese a haberse desmentido la denuncia original, pidió la baja médica por ansiedad y agotamiento emocional. El episodio ha generado un profundo malestar entre sus compañeros del cuerpo, que no comprenden cómo se puede sancionar a alguien que ha cumplido estrictamente con los protocolos.
Fuentes internas consultadas por Crónica Global subrayan que colgar una llamada en la que no se llega a un entendimiento es habitual cuando no hay riesgo inminente y se deben priorizar otros casos. “El teléfono de emergencias no está para mediar en partes amistosos”, resumen
Consideran que la consulta no contrastada de Junts forzó que, finalmente, se tuviese que expedientar a la agente.
Los agentes, preocupados
En la misma línea, lamentan que la historia mediática que quedó grabada fue la falsa. La agente fue señalada y el cuerpo quedó deslegitimado. "No queremos que otras mentiras de este estilo dañen la imagen del cuerpo y la profesionalidad de los agentes", insisten.
Para los compañeros de la agente este episodio deja un mensaje preocupante: una mentira bien formulada puede dinamitar confianzas y generar decisiones institucionales forzadas.