La exconcejal de Vilassar de Mar señalada por la polémica gincana sexual culpa a una empresa externa

Montse Gual, exconcejal de Juventud de Vilassar de Mar investigada por la polémica gincana sexual para menores que se organizó en el municipio en 2022, ha apuntado directamente a la empresa organizadora de esas pruebas --contratada por el consistorio--, relacionadas con la sexualidad y dirigidas a un público de entre 12 y 30 años.

Así lo ha explicado el abogado de la Fundación Española de Abogados Cristianos, José María Fernández, la entidad que se querelló contra Gual. Lo ha dicho después de que la exedil declarase este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró, en calidad de investigada por presuntos delitos de exhibicionismo y revelación de secretos a menores en soporte electrónico.

Calendario de actividades del 'Juliol Jove' de Vilassar de Mar en 2022 Ayuntamiento de Vilassar de Mar

La Fundación Abogados Cristianos ampliará la querella

Además de Gual, han comparecido como testigos el entonces alcalde, Damià del Clot, y un técnico de Juventud. Según Fernández, tanto la exconcejal como los testigos han señalado "a la empresa privada que habían contratado y a los propios técnicos municipales" como responsables de lo ocurrido. Nadie ha negado la gravedad del contenido de algunas pruebas.

Desde la Fundación Abogados Cristianos ya han anunciado su intención de ampliar la querella. Prevé incluir en la causa a varios técnicos municipales y reclamar que declare también la empresa que diseñó la actividad.

La renuncia de Montse Gual

Gual presentó su renuncia al cargo en septiembre de 2022, dos meses después de la gincana del Juliol Jove. Aunque alegó motivos personales, asumió la responsabilidad política como regidora de Juventud.

El ayuntamiento agradeció públicamente su labor durante más de cinco años en el gobierno municipal, donde también estuvo al frente de las áreas de Participación Ciudadana, Igualdad y Transparencia.

Una actividad dentro del ‘Juliol Jove’

La gincana se celebró el 22 de julio de 2022, en el marco del programa Juliol Jove, que buscaba dinamizar el Espai Jove Can Jorba. 

Según el consistorio, esta temática respondía al interés expresado por los propios adolescentes en el Consejo de Adolescentes. La polémica surgió cuando trascendió el contenido explícito de algunas pruebas, que ha acabado judicializado.

Ahora, la jueza deberá determinar si hubo irregularidades graves en la organización y si existió responsabilidad penal por parte de los responsables políticos o técnicos.