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El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado este lunes de su decisión de archivar la segunda queja interpuesta contra la magistrada Francisca Verdejo, titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número dos de Barcelona, a quien un colectivo de supuestas víctimas ha acusado de ejercer "violencia institucional".

La diligencia informativa, ahora archivada, fue presentada por una mujer a través de la página web "con un texto prácticamente idéntico" a la queja que ya se desestimó el pasado martes al carecer de indicios y tras constatarse que la denunciante nunca había formado parte de un proceso instruido por esta jueza.

En este caso, el Promotor intentó ponerse en contacto con la denunciante a través del correo electrónico que ella misma facilitó con el objetivo de que se identificara y ratificara la queja, pero no obtuvo respuesta, por lo que se contactó con ella días después y dijo "que no deseaba continuar con la tramitación de la queja".

Acusaciones genéricas

Las quejas contra Verdejo la acusan de no garantizar los derechos de las víctimas, interrumpir a las personas que prestan declaración y no emplear las formas adecuadas. Sobre ello, el CGPJ subrayó la semana pasada que varias quejas "presentan una redacción muy similar, pero firmadas por distintas personas".

El Promotor de la Acción Disciplinaria ya indicó que la denuncia era "genérica en su exposición, al no concretar hechos o actuaciones precisas", ni detallar "la identidad de las personas que resultarían afectadas".

Apoyo del TSJC

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mostró su apoyo a Verdejo a mediados de mayo, haciéndose suyo un comunicado emitido por los jueces y juezas de violencia contra la mujer de Barcelona, así como los fiscales de esta especialidad. Sin mencionar expresamente a esta magistrada, sí alertaban de una campaña para desprestigiar su trabajo.

La jueza tiene previsto trasladarse a la Audiencia de Granada en los próximos meses, ciudad de donde es originaria. El cambio, sin embargo, no estaría relacionado con las denuncias, puesto que lleva años solicitándolo.

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