Cataluña, un "refugio" para las mujeres 'trans' del Reino Unido tras la sentencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido ha limitado la condición legal de mujer al sexo biológico. Un veredicto emitido el pasado miércoles que, a juicio de algunas voces, entronca con la ola reaccionaria que se extiende desde la Administración Trump hasta Hungría, y en donde España y, en concreto, Cataluña, esgrimen la controvertida ley trans de 2023 como una salvaguarda de los derechos de la comunidad. 

Así lo consideran tanto la presidenta de la Federación Estatal LGTBI, Paula Iglesias, como la vicepresidenta segunda del Consell Nacional LGBTI de Cataluña, Fina Campàs, que recuerdan que el artículo 50 de la ley permite adecuar la documentación de las personas extranjeras a su identidad de género si ésta no ha sido reconocida en su lugar de origen. 

El Tribunal Supremo británico ha tomado como referencia la ley de igualdad de 2010, donde se hace referencia expresa a la "mujer biológica" -en términos binarios- y, como consecuencia, se rechaza a las féminas que hayan obtenido un certificado de reconocimiento de género (CRG). 

Cataluña da cobertura

"Es posible que haya personas trans del Reino Unido que tal vez quieran buscar un refugio y, en estos momentos, Cataluña da cobertura a sus necesidades gracias a estas leyes", subraya Campàs en declaraciones a este medio. Un escenario que se contempla en un horizonte donde todavía está en el aire si el Gobierno laborista de Keir Starmer reformará la ley actual.   

Campàs asegura que esta medida de acogimiento ya se aplica, dado que hay personas que acuden a España porque "están perseguidas en sus países por su orientación sexual o de identidad de género".

Una persona ondea una bandera trans EUROPA PRESS

En referencia a la ley 4/2023 española, la norma recoge que la autoridad competente podrá llevar a cabo la rectificación registral relativa al sexo y, en paralelo, instar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que recabe la información disponible sobre los impedimentos legales del país procedente. 

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Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI demanda recursos para una rápida y efectiva implantación del artículo 50 en los estamentos públicos. "No se han desarrollado los protocolos para que las Administraciones tengan claro este apartado, por lo que las personas trans migrantes están encontrando muchas dificultades para adecuar la documentación", recalca. 

Desde la federación se ha exigido el cumplimiento de estos apartados en un momento en el que, subraya, este tipo de sentencias "aumentan los discursos de odio contra las personas trans, aunque pase fuera de nuestras fronteras". 

En un comunicado, la presidenta de ATC Llibertat, Gina Serra, remarca también los impactos negativos de este dictamen del TSJ inglés, como la discriminación en el ámbito laboral y administrativo, o la exclusión legal en espacios segregados por sexo -al estilo de vestidores, prisiones u hospitales-. No obstante, cabe destacar que las mujeres trans seguirán amparadas por la ley de igualdad inglesa.

Manifestación en el consulado de Colombia de Barcelona por Sara, mujer trans asesinada SIMÓN SÁNCHEZ Barcelona

En alerta

"El sexo biológico no determina la identidad de género de nadie", apostilla Iglesias. Por ello, desde la federación invitan a que no haya "ningún paso atrás" en la adquisición de derechos para la comunidad trans.

Tal y como detalla el estudio Estado socioeconómico LGTBI+ de 2024, hay una estimación de entre el 7% y el 8% de la población española que es del colectivo, es decir, alrededor de 3,5 millones de personas. 

Al respecto, Campàs anima a que se unan fuerzas entre activistas y agentes sociales. "Los derechos se han conseguido, pero hay que conservarlos, y para eso hay que luchar y activarse", sobre todo, en un momento en el que considera que hay un "riesgo alto" en España ante los discursos de partidos como Vox y PP, según su opinión. 

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Delitos de odio

La prensa británica se ha hecho eco de los últimos acontecimientos, recogiendo tanto la euforia del grupo For Women Scotland -que recurrió la ley y se ha financiado con 80.000 euros donados por la escritora J. K. Rowling- y de las protestas posteriores de los activistas LGTBI, que han considerado la decisión como "un ataque a sus derechos". 

Para tomar una foto general, algunos datos. El Ministerio de Interior inglés -The Home Office (HO)- cuantificó en un 11% los crímenes de odio contra las personas transgénero en Inglaterra y Gales, llegando a las 4.732 denuncias en el año 2023, según recoge la BBC.

En el contexto catalán, el Observatorio contra la LGTBIfobia registró en el año 2024 unas 318 incidencias, de las que un 25,8% fueron contra personas trans. Un número que supuso un máximo histórico.