Un anciano sentado en un banco
Reabierta la causa contra una residencia de DomusVi en Premià de Mar por la muerte de 87 ancianos por Covid
El tribunal discrepa de la instructora y ve indicios de la posible comisión, por omisión, de los delitos por los que están siendo investigados los dos directivos querellados
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La Audiencia de Barcelona ha dejado a un paso de juicio a dos responsables de una residencia de Premià de Mar (Barcelona) en la que murieron 87 ancianos por coronavirus, al considerar que hay indicios de que desatendieron a los internos, que vivían en condiciones "lamentables" en plena pandemia.
En el documento, el tribunal admite el recurso de apelación del Ayuntamiento de Mataró, que ejerce la acusación particular, contra el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad que decretaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones para el director y doctora jefa del geriátrico.
Recurso contra el sobreseimiento
La acusación particular recurrió al considerar que ha quedado acreditado de forma indiciaria, tanto por las declaraciones de los trabajadores como de los propios perjudicados en sede policial y judicial, que los residentes recibieron un trato degradante durante la pandemia.
Se basa, entre otros, en el testimonio de una doctora del CAP de Premià de Mar, que explicó que los residentes estaban "poco atendidos y solos en una sala en la que hacía mucho frío", malnutridos y con déficit de higiene.
Añadió que los ancianos iban con ropa sucia y que una residente tenía la camiseta enganchada a las heridas por no estar curadas, textualmente, mientras que otra doctora manifestó que "los pacientes estaban caquéxicos (habían perdido más del 10 % del peso corporal) y que pedían agua constantemente".
En la querella que presentó la Fiscalía contra los responsables y que dio inicio a este procedimiento, también se hizo constar "la inutilización de los timbres de alerta" con los que los usuarios más dependientes podían pedir ayuda y la ausencia de personal médico durante las noches y durante los fines de semana.
Intervención de la residencia
Por todo ello, el tribunal considera que aunque no fuesen los responsables directos de las patologías que sufrían los usuarios, el director de la residencia y la directora médica eran los responsables del trato que estaban recibiendo los pacientes durante el periodo comprendido entre marzo del 2020 y el 18 de abril de 2020, cuando se produjo la intervención del Consorci Sanitari del Maresme.
Entre el 1 de marzo y el 18 de abril, cuando se produjo la intervención de la residencia por parte de la Generalitat, habían muerto 64 residentes, que se elevaron hasta un total de 87 en mayo de 2020.
Se hubiesen evitado "muchas muertes"
También se estima que existen indicios atribuibles a los querellados de la comisión de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, en contra de lo que decretó el juzgado de Mataró, que no actuaron de forma diligente ni adoptaron medidas de seguridad necesarias, como separar a los residentes "lo que obviamente hubiese evitado muchas muertes".
Sobre los informes forenses que inciden en la "inexistencia de responsabilidad" de los investigados porque el tratamiento médico fue el adecuado, el tribunal recuerda que durante gran parte de la pandemia "no se realizaron autopsias a los fallecidos por Covid", por lo que los cadáveres no fueron analizados.
Investigación
El tribunal entiende que la pandemia mundial "sobrepasó las previsiones" y generó el colapso de la sanidad pública, con especial incidencia en personas mayores de 80 años y, sobre todo, en las que estaban en residencias, pero que en este caso hubo una falta de interés por adoptar medidas de mejora, textualmente.
Por todo ello, discrepa de la instructora y aprecia indicios de la posible comisión -por omisión- de los delitos por los que están siendo investigados ambos querellados.
