Un incomprensible laberinto burocrático ha puesto contra las cuerdas a Cristian S., un ciudadano residente en Suiza que compró 250 licencias para VTC en Cataluña. Pese a cumplir todas las garantías legales y tener una sentencia a su favor emitida por el Tribunal Supremo, la Generalitat lo tiene maniatado.
Su periplo comenzó en 2019, cuando irrumpió en el sector y pidió 250 licencias para operar en trayectos de larga distancia. El Govern le paralizó el trámite, y hasta marzo de 2024 le dejó en un limbo legal: fue entonces cuando el Tribunal Supremo le dio la razón en una sentencia firme con efecto retroactivo a 2019.
Interminable periplo
En 2024, tras ganar el caso, Cristian S. volvió a enviar una solicitud a la Generalitat, confiado de que, esta vez sí, le otorgarían el permiso. No fue así.
A pesar de cumplir con todos los requisitos solicitados, el Servei Territorial de Transport le impuso una condición adicional: que los permisos de circulación de los vehículos estuvieran emitidos en Barcelona, aunque la sociedad explotadora ya estaba domiciliada en la Ciudad Condal. Para adaptarse a esta exigencia, Cristian S. tuvo que asumir un coste adicional de 16.000 euros, un gasto completamente innecesario, ya que ya cumplía las condiciones adicionales.
Silencio administrativo
Desde entonces, y a pesar de haber presentado toda la documentación requerida y en el plazo establecido, la Generalitat ha guardado silencio absoluto.
El Servei Territorial de Transport de Barcelona ignora todas las solicitudes de información adicional presentadas y no ha dado ninguna respuesta ni explicación sobre el estado de las licencias. Mientras, él está en un impasse en el que pierde la salud y el dinero.
80.000 euros al mes
Cristian lleva ya ocho meses pagando casi 80.000 euros mensuales por el alquiler de los vehículos, sin poder ponerlos en funcionamiento debido a la falta de respuesta de la administración
Además, vive en una caravana en Cataluña, lejos de su esposa e hijos, que residen en Suiza, mientras intenta resolver esta situación. "He invertido todos mis ahorros y toda mi energía en este proyecto, y la falta de respuestas y el bloqueo administrativo me están destrozando económica y emocionalmente", confiesa.
Se desmarca de 'la guerra del taxi'
Cristian no es un gran empresario, sino un self-made man que nació en Rumanía, creció en Suiza y se convirtió poco a poco en un pequeño empresario, que decidió apostar todo lo que tenía a las VTC en Cataluña.
No entiende la fijación de la administración con él, ya que tampoco juega ningún papel en la llamada guerra del taxi. Él quiere destinar su flota a viajes largos, hacia Francia o la Costa Brava, sin alinearse ni con Uber ni con Cabify.
Si algún día logra salir victorioso de esta lucha contra la burocracia catalana, ha prometido hacer el Camino de Santiago a pie desde Valladolid hasta Galicia.
Al cierre de esta edición, el Servei Territorial de Transport de Barcelona no ha respondido a las peticiones de este medio.