Los sindicatos, ante el cierre de aulas en los colegios: “Habrá familias forzadas a la concertada”

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha anunciado esta semana la oferta de grupos de I3 (antiguamente designado ‘P3’) y 1º de ESO para el curso 2025/26, la cual prevé el cierre de 83 líneas en total.

De estos 83 grupos, 81 corresponden a la escuela pública (23 en I3 y 58 en 1º de ESO) y dos a la concertada (ambos en Infantil). Esta desigualdad en la reducción de plazas “forzará familias a la concertada”, en palabras de Pere Timoner, representante de la sección sindical de educación de la CGT en Terres de l’Ebre.

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Frente al recelo de la comunidad educativa, la consellera Esther Niubó ha sacado pecho de “mantener el 98% de los grupos en todas las etapas de la educación obligatoria” y achaca el ajuste del otro 2% a “una bajada de la población escolar” debida a la caída de la natalidad en Cataluña.

De hecho, la Conselleria prevé la incorporación de 1.252 alumnos menos al primer curso de Infantil de los que hubo el pasado septiembre.

Menos oferta pública

Iolanda Segura, portavoz de USTEC, apoya las declaraciones de Timoner y asegura que, a su parecer, las intenciones del Departament quedan lejos de la promesa de reducir las ratios de alumnos por aula.

Desde su posición, explica la lógica del cierre de plazas en la escuela pública en algunos centros: “si se prematriculan 30 niños, en vez de reducir ratios y mantener dos grupos de 15, cerrarán un grupo de 22 y mandarán a los otros 8 al colegio concertado”.

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Sin embargo, recuerda también que el número de grupos que perderán la continuidad no se conocerá definitivamente hasta días antes de iniciar el curso en septiembre, por lo que podrían ser menos, especialmente en la pública, debido a la demanda de plazas.

La Conselleria matiza que, respecto a sus previsiones, los grupos abiertos en la pública suelen aumentar, y los de la concertada acostumbran a disminuir.

Reducción de ratios

“La natalidad no debería suponer el cierre de líneas, sino la reducción de ratios de alumnos por aula”, sostiene Segura. Añade Timoner que esta situación demográfica es una “oportunidad para mejorar la atención al alumnado y el cuidado a la diversidad”.

Así lo defendió también Niubó, quien explicó que el 93,2% de los grupos públicos de I3 el curso que viene tendrán 20 alumnos o menos, un dato insuficiente para los sindicatos, que señalan que mantener la oferta pública que ya existe en la actualidad “no supone un gasto adicional” para el Govern.

Atención a la diversidad

Timoner detalla que hay centros que no se pueden permitir no reducir las ratios: “Algunos municipios tienen un 30% de alumnado con necesidades educativas especiales”.

Las aulas con una alta concentración de alumnos que han llegado a Cataluña recientemente o con situaciones familiares socioeconómicas complejas son más exigentes, por lo que un profesor puede asumir una cantidad menor de estudiantes para poder cubrir sus necesidades y brindarles la misma calidad educativa.

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Es por ello que asume con firmeza que la “escuela concertada es segregadora” y que “si hay que reducir líneas, debe ser en esta y no en la pública”.

Desde el Departament, en cambio, respaldan el ajuste de plazas en el Pacto Contra la Segregación Escolar de 2018 y defienden que “la sobreoferta favorece la segregación y la concentración del alumnado vulnerable” en los centros con menos demanda.

Denuncian falta de transparencia

Desde la CGT lamentan la “opacidad del Departament” y aseguran no tener “información real sobre las líneas que cierran y qué colegios están afectados”. Solicitan conocer la distribución territorial de esta reducción de plazas públicas, puesto que sospechan que será más agresiva en áreas menos densamente pobladas.

En Terres de l’Ebre, por ejemplo, solo se les ha facilitado información sobre aquellos municipios con tablas locales de planificación, es decir, aquellos que cuentan con más de una escuela.

Es por ello, que desde el sindicato han hecho la tarea de consultar con la dirección de los centros sobre los que tenían dudas y afirman que, en muchos casos, ni los propios responsables sabían la respuesta.

Pérdida de empleos

En relación con la disminución de grupos educativos, el sindicato sospecha que algunos profesores interinos puedan perder su empleo, y que otros, con plaza de funcionario, sean destinados lejos de casa, especialmente aquellos que vivan en zonas menos pobladas y con una tasa de natalidad más baja.

La CGT amenaza con posibles movilizaciones si el Govern no hace marcha atrás al cierre de líneas públicas y recuerda que la organización de protestas sindicales en colaboración con asociaciones de familias del alumnado funcionó el año pasado para evitar la reducción de la oferta educativa en Lleida.