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Joaquín Aguirre, exjuez titular de la sala de Instrucción número 1 de Barcelona
El alto tribunal catalán rechaza investigar al juez Aguirre por la instrucción de la trama rusa del 'procés'
La sala de lo Civil y Penal del TSJC alega que no hay indicios suficientes para aceptar a trámite la querella de Puigdemont
En relación: El juez Aguirre se jubila con el currículum manchado por cuatro macrocausas fallidas
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha inadmitido la querella que presentó el expresidente Carles Puigdemont contra el juez Joaquín Aguirre. En su escrito, la defensa del prófugo acusaba al instructor de los presuntos delitos de prevaricación y malversación por la reapertura de las diligencias del caso Voloh.
De hecho, se presentó después de que Aguirre abriera una pieza separada por la conocida 'trama rusa' y pidiera al Tribunal Supremo imputar al expresidente de la Generalitat por un presunto delito de traición (excluido de la ley de amnistía).
Seis meses después de que se presentara, la sala de lo Civil y Penal del TSJC ha alegado que no hay indicios suficientes para aceptar a trámite la querella de Puigdemont.
En un auto al que ha tenido acceso Crónica Global, los magistrados del Alto Tribunal catalán reconocen que algunas de las expresiones utilizadas por el juez para insistir en mantener abierta la investigación de la trama rusa son "desafortunadas", "extravagantes" e "innecesarias".
Sin embargo, descartan que las diligencias propuestas por Aguirre sobrepasen el Código Penal.
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El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, compareciedo ante la comisión del Senado sobre la proposición de ley de amnistía del 'procés', en abril de 2024
De este modo, el tribunal, presidido por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, concluye que los hechos relatados en la querella "no son constitutivos, como alega el Ministerio Fiscal, de un delito de prevaricación judicial -ni dolosa ni culposa-, así como tampoco lo son de un delito de malversación de caudales públicos".
Pieza separada por traición
Carles Puigdemont, el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el abogado de ambos, Gonzalo Boye, presentaron una querella contra Aguirre (jubilado desde el 15 de enero) después de que este dictara un auto en la Pieza Separada Catmon-Igman, ordenando abrir una nueva pieza separada dedicada a investigar una supuesta "injerencia rusa" durante el procés independentista de Cataluña.
En concreto, Aguirre pedía investigar en esta pieza separada "una serie de presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones" entre 2012 y 2017 por parte de diferentes entidades públicas catalanas, cuyos beneficiarios serían dos personas jurídicas: CATmon e Igman.
En aquel momento, los querellantes entendieron que se les había atribuido de forma "injusta y sorpresivamente" la condición de investigados por los hechos relativos a la supuesta injerencia rusa del procés y que el juez había desobedecido a la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que había estimado el recurso de apelación de la defensa de uno de los investigados.
Consideran que, la acción de Aguirre, tenía como verdadero objeto frustrar de manera "perversa" la aplicación en favor de los querellantes de la amnistía y tildaron el procedimiento de mastodóntico, prospectivo y fantasioso, según textualmente la resolución.