Sube la tensión en la guerra de las basuras: los trabajadores de limpieza de Barcelona levantan barricadas antes de la huelga

Los 4.500 trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Barcelona se han plantado. Tras años de conflicto por el sueldo y las condiciones laborales de los empleados de este servicio público en diferentes ciudades catalanas, los de la capital han dicho basta e irán a una huelga convocada por la UGT del 22 al 25 de diciembre, coincidiendo con las celebraciones navideñas, que suelen generar un aumento de la basura generada.

La reunión de mediación llevada a cabo en la mañana del lunes fue en vano para desencallar la situación. El sindicato sigue denunciando una "situación insostenible para las plantillas" por la negativa de las empresas adjudicatarias del contrato público de recogida de basuras (FCC, Urbaser, CLD y Valoriza) y el Ayuntamiento de Barcelona de ofrecer un incremento salarial "en un persistente contexto de inflación".

En paralelo al encuentro de negociación, decenas de trabajadores se manifestaron en la calle Sepúlveda de Barcelona, donde se prendió fuego a un contenedor de basura en símbolo de protesta.

Cuatro huelgas en un año y medio

Esta es la primera huelga del sector desde 1984 en Barcelona, pero al menos la cuarta en Cataluña en el último año y medio. Figueres, l'Arboç y Llorenç del Penedès y la Plana de Vic han sido el escenario de las últimas protestas de los recogedores de basuras catalanes, todas ellas ocurridas entre mayo de 2023 y la actualidad.

Emergencia en Figueres por incumplimiento de servicios mínimos en la huelga de basuras

En las tres huelgas, los empleados pedían una mejora sustancial de los salarios. Además, los de Osona, representados por la UGT, señalaron directamente a un incumplimiento de los protocolos de salud laboral y protestaron por las "condiciones abusivas" que enfrentan en el día a día, con una "carga de trabajo excesiva" en la que, a menudo, un solo operario terminaba haciendo el trabajo de dos. En este sentido, denunciaron que el agotamiento físico menguaba "su capacidad para cumplir con las normas de circulación y de prevención de riesgos".

Pese a que, para las huelgas de recogida de residuos, la Generalitat suele decretar unos servicios mínimos del 50%, en Figueres, l'Arboç y Llorenç del Penedès, los ayuntamientos denunciaron un incumplimiento de los mismos y tuvieron que recurrir a alternativas como contratar temporalmente a otras empresas que retiraran de manera urgente los miles de kilos de basura que se amontonaban en las calles, o pedir a los vecinos que llevaran sus desechos a áreas designadas para tal efecto.

Servicios mínimos en Barcelona

“Hemos hecho un esfuerzo por llegar a un acuerdo, pero no hay ningún tipo de movimiento por parte de la patronal, que se enroca en el 0%”, ha asegurado Ramón Cebrián, responsable de saneamiento urbano en UGT, quien indica que lo único que piden es "un aumento sobre la base del IPC de 2023, ni siquiera el de 2024". Ha hecho también un llamamiento al ayuntamiento a implicarse más directamente.

Manifestación de los trabajadores de limpieza viaria y recogida de residuos de Barcelona este lunes cedida

Con la huelga convocada, el sindicato resta a la espera de que la administración pública decrete los servicios mínimos que se deberán cumplir, sobre los que Cebrián ha insistido en que tienen que velar por los intereses de la ciudadanía. El representante ha indicado que, a su parecer, la prioridad tiene que ser el cristal, por el peligro público que supone el desbordamiento de los contenedores de este material, pese a que, dice, las empresas prefieren retirar el cartón porque abulta más en las calles.

Los contratos, en el punto de mira

En julio de este año, el Ayuntamiento de Tarragona paralizó el contrato del servicio de gestión de basuras que había sido adjudicado a la empresa Urbaser. Pese a no ser la ganadora, desbancó a Parprec GBI cuando el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público consideró que esta no cumplía con parte de las exigencias estipuladas en el pliego de condiciones, empezando así una guerra judicial por las basuras de Tarragona.

La cuestión se elevó entonces al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una amalgama de pliegos, exclusiones y recursos, sin visos de solución ni temprana ni sencilla. La justicia catalana admitió a trámite dos recursos contenciosos administrativos, presentados por Paprec GBI y el propio ayuntamiento. El primero insistía en la ilegalidad del procedimiento y pedía la suspensión cautelar de cualquier actuación, mientras que el segundo defendía la integridad del concurso.