La batalla judicial de Rosa Peral contra la productora de El cuerpo en llamas, la serie de Netflix basada en el 'crimen de la Guardia Urbana', suma un nuevo capítulo. Según ha podido saber Crónica Global, la defensa de Peral ha presentado una nueva demanda contra Netflix y Arcadia, la productora de la serie, al considerar que la ficción ha vulnerado su derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad y el de su hija mayor.
Por ello, la defensa de Peral, liderada por la letrada Núria González, les reclama una indemnización de 29,26 millones de euros por los daños morales causados. El grueso (26,6 millones) para la menor y el resto para la exagente de la Guardia Urbana de Barcelona, que cumple una condena de 25 años de prisión por asesinar, junto con Albert López, a quien era su pareja en mayo de 2017, Pedro Rodríguez. Todos ellos agentes del mismo cuerpo policial.
Nunca dio su consentimiento
Según se detalla en la demanda, a la que ha tenido acceso este medio, Peral "nunca fue informada de la realización de la serie", tampoco de la aparición de su hija mayor, "que es completamente identificable". De saberlo, añade el documento, "nunca hubiese dado su consentimiento". Aun así, la serie recrea un personaje con el nombre real de la sentenciada y calca, casi de forma idéntica, todo su entorno.
Para su defensa, tras revisar el contenido de la serie, se puede corroborar que a lo largo de los ocho capítulos de los que se compone, el papel de la menor "no es tangencial ni secundario, sino que representa un papel protagónico"; ofreciendo una imagen "marginal y perturbadora" de la niña, que "desde luego le puede influir en su entorno en la actualidad".
Dan por buena una prueba que se inadmitió
Al margen del tiempo de aparición, González hace referencia a las acciones que se le atribuyen al personaje de la niña, haciendo creer al espectador que la menor fue la principal prueba de cargo en el juicio contra su madre: "algo que es totalmente falso, ya que la menor nunca participó en el procedimiento real".
En concreto, se refieren a lo que se explica en el capítulo 7, cuando el personaje de la hija de Rosa cuenta a su padre que ha visto a su madre llena de sangre. Este hecho se desprende de una supuesta declaración que hizo la menor a su madrastra, "relato que específicamente se inadmitió como prueba por el tribunal, pero que se da como cierto durante todo el transcurso de la serie", se matiza en la demanda.
Por todo ello, la demanda recoge que la serie va más allá de los hechos probados en la sentencia, "lo que podría socavar su derecho a la intimidad, honor y su propia imagen". Es más, se recogen más de 30 apariciones en las que se ofrece un contenido sesgado de la realidad o, directamente, inventado.
Una madre negligente y violenta
Por otra parte, González insiste en que la ficción "se inventa dos hechos que también pueden perjudicar, ya no sólo a la hija mayor, sino a la pequeña", ya que durante toda la producción se sostiene que Peral fue una madre negligente que no quiso ver a sus hijas durante más de dos años.
Asimismo, se la llega a interpretar como una madre violenta, que saca a su hija de su coche a empujones y gritos. "Ambos extremos son completamente falsos y, para esta parte, no aportan nada al relato ficcionado de la supuesta judicial que se pretendía contar, y son muy dañinos para ambas hijas de mi mandante y para mi mandante", concluye el escrito de la demanda.
"Los creadores podrían haber explicado la misma historia sin necesidad de involucrar a la menor, cosa que se ha hecho con ánimo de hacer un producto audiovisual más atractivo para asegurar las ganancias del mismo", mantiene. "Dicho ánimo de lucro –añade– agrava aún más la vulneración de los derechos fundamentales de la menor".
Imagen promocional de 'El cuerpo en llamas' de Netflix, una serie basada en el 'crimen de la Guardia Urbana'
Más allá de la verdad judicial
González considera que el relato del Cuerpo en llamas va más allá de la "verdad judicial" sobre el caso y se dan como ciertos algunos aspectos que pertenecen a la esfera más íntima de la condenada con el único objetivo de "hacer la producción más rentable". Para la letrada, estas invenciones "pueden provocar para la Sra. Peral y sus hijas menores de edad un enorme perjuicio presente y futuro".
En este sentido, "se pone en entredicho su vida sexual de manera pública" y la presentan como "una connotación negativa de su personalidad", "inventándose los hechos para mejor acomodo del producto audiovisual". Todo ello, recoge la demanda, pueden constituir "graves faltas al honor e incluso una posible discriminación tipificada en la Ley de Libertad Sexual".
Tras varios varapalos
Esta nueva demanda llega después de que la Fiscalía de menores de Barcelona rechazara revisar el contenido de la ficción y que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vilanova i la Geltrú rechazase por segunda vez la petición de medidas cautelares para que se separase la emisión de la serie.
Siguiendo la cronología de los hechos, la sección 19ª de la Audiencia de Barcelona estimó el recurso de Peral contra el juzgado de Vilanova i la Geltrú, al considerar que la demanda que presentó para que se suspendiera cautelarmente el estreno de la serie El cuerpo en llamas debió haberse tramitado. El juzgado de primera instancia la desestimó al considerar que no había presentado el depósito que se requiere para plantear acciones judiciales de este tipo.
La letrada recurrió la decisión, al alegar que Peral no podía presentarlo porque está en prisión y tiene pendiente pagar 800.000 euros de indemnización por el asesinato.
La Audiencia de Barcelona dio finalmente la razón a la abogada de Peral, con el argumento de que las demandas solo deben ser inadmitidas a trámite "de modo excepcional y cuando la ley así lo establezca de modo expreso". Sin embargo, el juez de Vilanova rechazó, por segunda vez, la petición de medidas cautelares de Peral.