La Audiencia Nacional aprecia indicios de criminalidad en el caso 'diamantes de sangre'

El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha decidido abrir sumario por el caso de diamantes de sangre en el que está implicado el empresario español Manuel Terrén, acusado de crímenes de guerra. El magistrado señala a Terrén, quien fue detenido en Málaga el pasado mes de julio y luego puesto en libertad provisional, de traficar con diamantes de sangre de Sierra Leona entre 1997 y 2002. 

De este modo, de Jorge rechaza la prescripción del caso y contradice a la Fiscalía, alegando que los delitos investigados no han prescrito, abriendo la posibilidad a que sea juzgado. 

Encarcelan a un empresario español acusado de traficar con diamantes de sangre a través de una empresa andorrana

En libertad, pero acusado

Tras su detención, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal estimaron el pasado mes de julio el recurso presentado por Terrén y por la Fiscalía y acordaron su libertad con la obligación de designar un domicilio en España donde recibir las notificaciones. También le obligaron a facilitar un número de teléfono donde pudiera estar localizado.

Sin embargo, con esta decisión, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 aprecia que existen indicios suficientes para seguir adelante con el procedimiento. De hecho, la apertura de sumario es, precisamente, la antesala de un juicio oral.

Las "responsabilidades penales" del empresario español "no estarían prescritas" por los delitos que se le atribuyen: guerra y lesa humanidad. "No se ha operado la prescripción y por razón de la pena máxima aplicable el procedimiento ha de tramitarse como sumario", sentencia en magistrado en su auto. 

Un caso que se remonta a los 2000

La presente investigación de la Audiencia no es la primera que se instruye en contra de los presuntos tejemanejes de Manuel Terrén al mando de Orfund, la empresa dedicada a la fundición de oro y a la distribución de diamantes, y que Terrén utilizó como tapadera para traficar con estas piedras preciosas. Minerales que eran extraídos de las citadas minas de Sierra Leona por personas reducidas a la condición de esclavos a las órdenes del Frente Revolucionario Unificado (RUF): la milicia paramilitar de ese país que mantuvo una guerra civil con el Gobierno legítimo entre 1991 y 2002.

De este modo, el primero en alzar la voz fue Joan Samarra, expresidente de Orfund, en 2002. Este empresario andorrano contrató en 1995 a Jordi Cinca, por entonces conseller general de Andorra, y este, una vez se hizo con el control de la compañía, fichó al ciudadano español, residente en Andorra, Manuel Terrén. Ambos lideraron la expansión de Orfund con la creación de las empresas NCI, Blue Stone y Fofana Trading en Costa de Marfil y Liberia.

Entramados mercantiles que, según alegó Samarra en la querella inicial, sirvieron para gestionar la actividad ilícita. Es decir, para blanquear la extracción de las piedras preciosas de las minas de Kono y Boedu, controladas por niños soldados del RUF, y aparentar que se habían obtenido de forma legal en Liberia. 

EP

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La querella inicial

En la querella inicial, como informó Crónica Global ya en 2016, Cinca estableció lazos diplomáticos con quienes, a cambio de comisiones, facilitaban los contactos, permisos y favorecían las gestiones comerciales en países productores de oro y diamantes como Costa de Marfil, Liberia y Sierra Leona.

Ambos, Terrén y Cinca, llegaron a denunciar por delitos contra el honor a Crónica Global por publicar datos sobre el caso. No obstante, el Juzgado de Primera Instancia número 20 absolvió a este medio, y condenó a Cinca y a Terrén al pago de las costas.

Sin embargo, tanto el tribunal andorrano como el catalán consideraron que no había ningún elemento, ni siquiera indiciario, que sustentase el entramado que denunciaba Samarra. A lo que añadieron que se trataba de unos hechos "faltos de verosimilitud e imposibles de investigar".

El caso se reavivó en 2021

Tras el archivo de 2017, el caso quedó silenciado y no se supo nada más ni de Orfund ni de sus responsables hasta septiembre de 2021, cuando una de las personas esclavizadas por el RUF decidió interponer una denuncia ante la Audiencia Nacional, asesorado por la ONG suiza Civitas Maxima y los letrados Hernán y Juan Garcés. 

Este trabajador, cuya identidad se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, alegó haber sido testigo de las atrocidades cometidas en las minas de sangre de Sierra Leona durante el periodo en el que Orfund estuvo bajo la administración de Cinca y Terrén. La denuncia incluye testimonios sobre las condiciones laborales inhumanas, la violencia sistemática y la explotación de mano de obra infantil. 

Por ahora, la causa señala directamente a Terrén mientas que Cinca, según avanzó Abc, ya ha sido citado, aunque se desconoce en calidad de qué.

Delitos de lesa humanidad

A raíz de este testigo, que denunció presuntos delitos de lesa humanidad, los agentes de Sección de Crímenes contra la Comunidad Internacional de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional pudieron constatar que Terrén había participado directamente en la compra de estos diamantes de sangre, coincidiendo con militares del RUF, que le hacían directamente la entrega.

Tras meses de diligencias, en la que se ha antojado una compleja investigación policial, los agentes pudieron, finalmente, recabar indicios suficientes para detener a Manuel Terrén en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol al viajar desde Brasil, donde residía desde 2007.