Dejar de fumar, o fumar menos, es otra de las clásicas intenciones de las vacaciones que no siempre se consiguen cumplir. La lucha contra el tabaquismo es un reto tanto individual como colectivo, pero si el proceso para acabar con el consumo de cigarrillos convencionales pasa por el uso de productos menos nocivos, y tiene impacto hasta en el PIB del país.
Fue Foment del Treball el que puso una cifra a esta afirmación, encargó un estudio al Colegio de Economistas que certificaba que el cambio a productos de tabaco alternativo tendría un impacto económico que podría representar hasta el 2,3% del PIB nacional de 2022. O, lo que es lo mismo, entre 21.400 y 31.000 millones de euros en el conjunto del país si los fumadores adultos se pasaran completamente a estas alternativas.
Prevención de enfermedades fatales
El objetivo de dar el paso está claro, la prevención de enfermedades relacionadas con el tabaquismo fatales para el fumador y que también tensiona la sanidad pública. Las alternativas, que tienen en común que no existe una combustión del tabaco convencional (lo más nocivo son las sustancias presentes en el humo que se liberan con la combustión), reducen un riesgo en la Salud que repercute en entre aproximadamente 10.700 y 15.500 millones de euros, a nivel del conjunto de España.
Las conclusiones del Primer Foro Anual de la Universidad de Brunel sobre Economía y Política de la Salud también avalan esta tesis. El centro londinense colaboró con la Universidad de Oxford para debatir los retos sanitarios que plantea una sociedad cada vez menos sana, ya que las adicciones son cada vez más frecuentes y el tabaquismo es otra de ellas.
La simple prohibición no funciona
La jornada apuntó a que la única medida que científicamente ha mostrado resultados positivos es la de reducir los efectos negativos de los comportamientos de riesgo, no limitarse a una simple prohibición. El camino de luchar contra la adicción por pasos y con productos alternativos menos dañinos es la fórmula de éxito para contrarrestar y disminuir la carga sanitaria y financiera que soporta tanto la sociedad como las administraciones públicas, cada vez más acusada.
Y los hábitos de riesgo de los que se habló en este espacio son diversos. Incluyen el tabaquismo, sí, pero también el consumo excesivo de alcohol, las dietas insanas y el sedentarismo. Todos estos comportamientos son más acusados en los países desarrollados, los mismos que se enfrentan a bajas tasas de fecundidad y a un envejecimiento de la sociedad, otros elementos demográficos que ya tensionarán el gasto sanitario en los próximos años.
Por eso el clamor de la comunidad científico fue claro. Se recordó que los políticos no pueden evitar que la gente envejezca, pero sí pueden apostar por normativas que reduzcan los comportamientos nocivos e incentivar la transición a productos de riesgo reducido.
Cambios en la legislación española
La petición de los expertos de que se gestione de forma eficaz coincide con la apertura de una consulta pública para lanzar nuevas medidas para luchar contra el tabaquismo en España. El Ministerio de Sanidad ha lanzado la iniciativa en un mes poco dado para la participación ciudadana como es agosto -concluirá en próximo 15 de agosto, día festivo en España-, pero se trata de un nuevo avance para la legislación que tiene en el tintero.
Los científicos y expertos, incluso económicos, le piden un esfuerzo para que la futura normativa sea efectista e incluya los procesos con resultados más positivos para dejar de fumar. Es decir, las alternativas al cigarrillo convencional.