El próximo lunes arranca en la Sección 10 de la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio contra Brian Raimundo C., acusado de violar y dejar al borde de la muerte a una menor de edad que hacía un trayecto entre una discoteca de Igualada (Barcelona) y la estación de tren durante la noche de Halloween de 2021.
Por estos hechos, por los que la víctima estuvo hospitalizada casi un año y sufre secuelas irreversibles, la fiscalía pide para el procesado 45 años de prisión como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de asesinato en grado de tentativa. Además, en las últimas horas, el Ministerio Fiscal ha solicitado al tribunal que la joven no tenga que comparecer durante la vista oral.
Dos de las acusaciones particulares, la Asociación Catalana de Actividades Musicales (FECASARM) y Nits Màgiques SL, la empresa que gestiona la discoteca Epic, a la que la chica acudió aquella noche para divertirse con unas amigas, se han adherido a la petición de la fiscalía.
Riesgo de revictimización
Basándose en un informe elaborado por la Oficina de la Víctima, el ministerio público ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que se reproduzca la prueba preconstituida para evitar revictimizar a la joven “dada su vulnerabilidad, afectación y secuelas psicológicas”.
El tribunal había acordado que declarara por videoconferencia desde otra sala ubicada en el mismo Palacio de Justicia, para "evitar una mayor presión para ella" y permitió que estuviese acompañada por una persona "de su confianza".
Además, para proteger su identidad, ha prohibido la "divulgación o publicación" de cualquier tipo de información o dato que pueda facilitar su identificación. También estará prohibida la divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares.
Declarar agravará su situación
A pesar de estas medidas de protección, la Oficina considera que sería más adecuado evitar la declaración de la víctima ya que "el daño y perjuicio que se produce es tan revictimizador que agravará su situación y retrasará su recuperación".
Cabe recordar que, a consecuencia de la agresión, la menor sufrió un traumatismo craneoencefálico y una ruptura craneal, además de otras lesiones por todo el cuerpo, por lo que tuvo que estar ingresada durante tres días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y un año recibiendo atención sanitaria.
Según el ministerio público, la joven arrastra como secuelas un "estrés postraumático grave y desestabilización personal", puesto que las lesiones causadas, en la mayoría de casos "mortales de necesidad", pusieron su vida en peligro.