Los Mossos d’Esquadra han sentado en el banquillo de los acusados a cinco guardias civiles por actuar, presuntamente, en connivencia con una organización criminal especializada en la comisión de robos en la AP-7.
El juicio arrancó el viernes en la Sección 5 de la Audiencia Provincial de Barcelona, pese a que tendría que haberlo hecho el día anterior. El jueves, sin embargo, la vista quedó suspendida por la ausencia de dos de los acusados, uno de ellos E. B. O. S., considerado líder de la batería de ladrones y para quien la fiscalía pide la pena más alta: casi 30 años de cárcel. De hecho, la fiscal había solicitado que se emitiera una orden de detención e ingreso en prisión provisional para garantizar que acudiera a la vista, un extremo que no ha hecho falta porque el viernes se ha presentado por su propio pie.
Uno de los acusados intenta una conformidad
En la primera sesión del juicio, que durará hasta el 5 de junio, fecha en la que los acusados podrán hacer uso de su derecho a la última palabra, han prestado declaración los nueve procesados. Tres de ellos, el principal líder de la organización criminal y dos de sus miembros, se han acogido a su derecho a no declarar. El cuarto sí ha reconocido los hechos que se le imputaban -haber hecho envíos de dinero al extranjero por petición de uno de los cabecillas- y su letrada negocia con la fiscalía una conformidad.
En el registro de su domicilio se localizaron 125 resguardos de transferencias emitidas a su nombre. Sin embargo, el viernes aseguró, a preguntas de la fiscal, que la mayoría se correspondían con giros que hacía a su familia de Ecuador y que sólo colaboró con C. A. L. L., alias Giovanny, uno de los miembros de la banda que se encuentra huido, “en un par de ocasiones”. Aunque ha comenzado asegurando que envió “menos de 300 euros”, finalmente ha reconocido que pudieron ser “al menos 6.000”, una cantidad que la fiscal eleva hasta los 48.000 euros en envíos de 2.000 euros diarios. A pesar de admitir que efectuó estos envíos a terceros, el acusado ha expresado que “nunca sospechó que el dinero procediese de una actividad ilícita”.
La baza del confidente
Por su parte Manuel Navarrete, abogado de los cinco guardias civiles acusados -un sargento, un cabo primero y tres agentes- ha intentado convencer al tribunal que sus defendidos comparten banquillo de los acusados con el líder de una banda criminal simplemente porque éste era confidente de la Guardia Civil.
Todos ellos pertenecían al Grupo Operativo de Autopistas (GOA) creado en el año 2000 por la Guardia Civil para perseguir la delincuencia organizada en las autopistas de Cataluña. Sin embargo, de la investigación efectuada por los Mossos d’Esquadra se desprende que los ahora procesados se aliaron con una de las organizaciones criminales que debían combatir. Aunque la policía catalana nunca pudo demostrar que los guardias civiles sacaran tajada de los robos, sostienen que actuaron en connivencia con esta banda para obtener beneficios profesionales.
Se conchabaron con una banda
Según se deduce de las pesquisas efectuadas por la Unidad de Multirreincidentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana, los agentes de la benemérita del grupo GOA se conchabaron con esta banda, que operaba siguiendo el “método peruano” en una zona muy concreta de la AP-7, entre Mollet del Vallès y Martorell. La técnica consistía en que uno de los miembros arrojaba un objeto contra los coches de las víctimas en marcha, simulando que se habían dado un golpe.
Una vez que las víctimas se paraban en el arcén alertados casi siempre por una mujer “para ganarse la confianza” de los afectados, según ha explicado el instructor de las diligencias durante el juicio, otros miembros de la banda aprovechaban para sustraer el dinero y las pertenencias del interior de los vehículos y huir en coches de alta gama que previamente también habían sido robados, poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía. Eran estos vehículos, sostiene la policía catalana, los que la banda entregaba, cuando ya estaban desgastados, a los guardias civiles ahora procesados, que se marcaban un tanto sin pisar apenas la autopista.
El grupo GOA incriminado
¿Cómo lo supieron? El 10 de octubre de 2011 los Mososs d’Esquadra abrieron un primer oficio a raíz de una primera denuncia presentada en junio, a la que precedieron otras muchas. Gracias a las descripciones aportadas por diversas víctimas, a las imágenes recuperadas en los túneles de lavado y de los repostajes en áreas de servicio, que después mostraron en las ruedas de reconocimiento a los denunciantes, lograron identificar al grueso de los ladrones de esta batería.
Fue cuando intervinieron el teléfono del presunto líder E. B. O. S., con el objetivo de perfilar la estructura, el rol y los turnos en los que operaban cada uno de los sospechosos, cuando descubrieron que este tenía una estrecha relación -vía llamadas y SMS- con otra persona, C. E. V. F.. Tras solicitar una orden judicial para pincharle el teléfono a este también, los Mossos descubrieron que se trataba de un agente del grupo GOA de la Guardia Civil destinado en Mollet del Vallès y que sus compañeros, los otros cinco agentes que lo conformaban, también estaban al corriente.
Falsedades en los atestados
En los tres meses que duró esta investigación, los Mossos d’Esquadra pudieron acreditar 100 robos efectuados por la batería de la AP-7, pero calculan que pudieron cometer alrededor de un millar, pues operaban los siete días de la semana, efectuando entre siete y diez palos diarios, entre hurtos y robos con violencia. Además, sustrajeron 15 vehículos, de los cuales ocho fueron recuperados por el GOA.
Algunos de estos coches fueron recuperados en lugares diferentes a los que hicieron constar en las diligencias de la Guardia Civil. En el juicio se ha expuesto un caso en el que los guardias acusados se encontraron a las víctimas, una pareja de turistas alemanes de avanzada edad, que trasladaron a dependencias de Mossos de Santa Perpetua de Mogoda. Prácticamente a la misma hora, como ellos mismos hicieron constar en la minuta policial, los mismos agentes de la benemérita que acompañaron a los ancianos a denunciar a la comisaría de la policía catalana recuperaron su vehículo, según ellos muy cerca del Hospital General de Cataluña. Sin embargo, los Mossos d’Esquadra saben que el coche no apareció allí, sino en el Carrefour de Terrassa con “la llave escondida en la rueda trasera”, según les avanzó el líder del grupo criminal en un SMS enviado a C. E. V. F..
Estas falsedades en los atestados afectaron no sólo a los partidos judiciales en los que recalaron las causas, sino también contribuyeron a desvirtuar el “mapa criminal” de las carreteras catalanas que efectuaban los otros cuerpos policiales, pues las sustracciones se producían en otros puntos a los que el GOA plasmaba después en sus diligencias.
Las llamadas los incriminan
En otra ocasión los Mossos d’Esquadra, que no hacían seguimientos en la autopista por su peligrosidad, detectaron con su helicóptero uno de los vehículos sustraídos que la banda utilizaba habitualmente en la comisión de delitos y al que habían cambiado las matrículas para tal efecto. Al percatarse, el conductor emprendió una huida, abandonándolo finalmente en la salida 3 de la Ronda de Dalt de Barcelona.
Lo conducía el líder de la banda, que llamó al agente de la Guardia Civil C. E. V. F. para explicarle que se había visto obligado a hacer un cambio de sentido dentro del túnel de Vallvidrera y que había huido a más de 200, pero que finalmente había tenido que abandonar el vehículo, que si podrían recuperarlo. Este era el modus operandi habitual. El líder se comunicaba con este agente y este, a su vez, con sus compañeros, llegando incluso a recuperar vehículos antes de que apareciesen en las bases de datos policiales como sustraídos porque las víctimas todavía no habían presentado la pertinente denuncia.
Alegan que era un confidente
Sin embargo, este agente ha negado estos hechos frente al tribunal. Sostiene que si mantuvo contacto directo con el cabecilla de la banda fue porque era un confidente de la Guardia Civil y que la información que aportaba siempre fue utilizada en beneficio del instituto armado y no a título individual. Un hecho que el instructor de las diligencias, que ha declarado como testigo, ha tratado de desmontar.
El sargento, también procesado, ha añadido que durante los primeros años del GOA trabajaban una media de 12 horas diarias hasta que, una década después, las jornadas se redujeron hasta las 10. “Comíamos fuera, en áreas de servicio en las autopistas para estar cerca de las carreteras y comunicados con la central de autopistas”, ha argumentado, tratando de apuntalar que se trataba de un trabajo esclavo del que no obtuvieron ningún rédito, tampoco por las estadísticas. “En la Guardia Civil llamamos beneficios a las condecoraciones y nunca nos han dado ninguna. Tampoco un beneficio de destino. Un chollo no era”, ha apostillado.
Sin embargo, los Mossos creen que no hacían estas jornadas, sino que acudían sólo cuando la banda criminal ya había quemado los coches. Un hecho que ha deslizado C. E. V. F., que ha reconocido que casi siempre que el cabecilla lo llamaba para aportar información sobre coches robados "lo pillaba en casa".
No preservaban las pruebas
Unos vehículos que, además, tal y como uno de los guardias civiles admitió el viernes, aparecían siempre mojados. Resulta paradójico que lo haya manifestado el mismo guardia que preguntó al líder de la batería si habían “limpiado” uno de los vehículos para, presuntamente, complicar la labor de investigación. Además, nunca usaron guantes, según ellos porque no disponían de ellos. “Cuando cogíamos el coche procurábamos no tocar lo esencial: sólo el retrovisor, el volante, el cambio de marchas”, se ha defendido el sargento.
“El objeto del delito no se toca”, le ha espetado el instructor de las diligencias de la DIC de Mossos d'Esquadra al letrado. “¿Y si no tienen guantes?”, ha insistido el abogado. “No se toca. Los Mossos d’Esquadra no lo tocan. Viene la grúa y se activa a la científica. Nosotros en este caso recuperamos huellas en, al menos, un vehículo”, le ha corregido.
Defienden su inocencia
Así las cosas, y pese a que las defensas alegan que la causa está prescrita, la fiscalía pide para los guardias civiles cuatro años y cinco meses de prisión, además de cinco meses de empleo y sueldo como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial. Aun así, según ha confirmado su letrado a preguntas de este medio, nunca han sido apartados de su puesto de trabajo, pues "obraron siguiendo lo establecido por la ley, en el marco de sus funciones". Para el líder con el que uno de ellos tenía contacto, solicita casi 30 años.