Expertos en vivienda, arquitectos y urbanistas han coincidido en señalar que el plan de ordenación urbanística que prepara Tarragona debe basarse en el crecimiento ordenado y con planteamientos que sean económicamente viables y sostenibles. Esta fue una de las primeras conclusiones de la mesa redonda organizada en la Cámara de la Propiedad de Tarragona sobre ‘POUM Tarragona, retos y oportunidades'.
En un auditorio con una amplia presencia de representantes del sector, hubo consenso entre los ponentes en la necesidad de que la colaboración público-privada sea efectiva y que la transformación de Tarragona debe velar por la cohesión de todos los barrios. Sin embargo, el plan inicial del consistorio presenta algunos interrogantes y lagunas para algunos ponentes que se pusieron en la mesa de debate.
Viabilidad del proyecto
Por lado, se mostraron dudas sobre la viabilidad del total número de viviendas proyectadas –más de 22.600, de las que 13.000 serán sociales. Con este planteamiento, el Ayuntamiento que lidera Rubén Viñuales aspira a corregir un déficit estructural que arrastra la capital por la inacción en anteriores mandatos. Pero, en consecuencia, ello puede acarrear que en algunos sectores las promociones acaben siendo inviables, sobre todo si del 30% que marca la ley, se pasa a un 50 o a un 60%.
“Los números son preliminares y ahora haremos el estudio a fondo”, justificó el concejal de Urbanismo, Nacho García, que recordó que uno de los objetivos del POUM es la cohesión entre barrios Ponent, centro y norte, para fomentar la cohesión social y reducir las brechas que existen.
Pérdida de población
Sobre este planteamiento, el arquitecto urbanista Joan Bladé fue claro y afirmó que los sectores deben estudiarse económicamente de forma exhaustiva para que los planes sean viables. Recordó que urge actuar porque una de las amenazas de Tarragona es la pérdida de población hacia municipios, como Salou o Vila-seca, con más diversidad de oferta.
El profesor de sociología de la URV, Ángel Belzunegui, abonó esta tesis hablando de “deslocalización poblacional”, cuando parejas jóvenes con un hijo optan en el momento de su escolarización por trasladarse a entornos más asequibles ante las dificultades por acceder o elegir una vivienda en la capital tarraconense. También fue crítico con la idea de cohesión social que maneja el consistorio: “Cohesión social no es ligar Ponent y centro; esto es compactar”. En su opinión, esta cohesión pasa porque haya mixticidad, y que en distintas zonas convivan personas de diferentes estatus, evitando poblaciones muy segregadas.
Para el abogado Miquel Maria Nolla, el POUM es un instrumento clave, de largo proceso de gestación y participativo con aplicación a 20 a 25 años vista, y que se echa de menos cuando no lo hay. Ante la propuesta inicial del Ayuntamiento, recordó que es clave garantizar una oferta de suelo privada a un precio razonable. “Eso quiere decir no cargar excesivamente de vivienda pública porque tenemos los antecedentes de las ARES (áreas residenciales estratégicas) que se aprobaron y quedaron en el armario”. El director de la Cátedra de Vivienda de la URV, Héctor Simón, se manifestó en la misma línea y alertó de que una propuesta con porcentajes de VPO de hasta el 60% pueden hacer totalmente inviable su desarrollo de cara al sector privado.