El nuevo fiscal delegado en la provincia de Barcelona para la protección de personas mayores y con discapacidad, Antoni Torres, ha denunciado la falta de medios para abordar todos los casos de los que tienen que ocuparse, con especial incidencia en la revocación de miles de declaraciones de incapacitación, algo que permite la legislación aprobada recientemente.
En 2021 se aprobó una Ley que anulaba la incapacidad asociada al tutor y la sustituía por la figura del asistente, lo que permitía la revisión de decenas de miles de casos en los que una persona había sido incapacitada.
Trabajo ingente
Sin embargo, el problema estriba en que la normativa contempla un plazo máximo de tres años para la revisión de los casos y, de acuerdo con el testimonio de Torres, aún restan más de 10.000 casos por resolver cuando el límite temporal está a punto de vencer.
"Es mucho trabajo, todo el mundo lo dice. Es una ley que requiere muchos medios y poco a poco se están dando, pero ni de lejos tenemos suficiente, ni de lejos" señala el nuevo fiscal a Europa Press, para también recordar que la Ley pretende adaptarse a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Abusos patrimoniales
Torres asegura que "los abusos patrimoniales, posibles estafas, fraudes a gente mayor que quizás tiene un cierto deterioro, que tiene buena fe y confía en otros... se dan. Nosotros somos conscientes de eso", y añade que aún así la última reforma legal en esta materia está encaminada a que la administración y la justicia se entrometan lo menos posible en la vida de las personas.
En ocasiones, pese a recibir alertas sobre posibles engaños a personas de estos colectivos por parte de personas que se ofrecen a ayudarles y accede a sus cuentas bancarias, no siempre pueden intervenir.
"Cada uno es libre de confiar en quien quiera. Si estás bien de salud psíquica y física, y tienes autonomía y voluntad, tienes derecho a que no se metan contigo, ni la administración, ni el Estado, ni los servicios sociales", concluye Torres.