El juicio contra los miembros del cuerpo de Mossos d’Esquadra acusados de traficar con marihuana previamente decomisada en actuaciones policiales ya tiene fijada su fecha. Será el próximo 7 de octubre cuando la Audiencia de Girona dé comienzo a un proceso que se prevé que se prolongue durante cuatro días y en el que los agentes implicados se enfrentan a peticiones de penas que superan los 12 años de prisión.
El caso estalló en 2020, en la localidad gerundense de Santa Coloma de Farners, cuando trascendió que cinco personas, entre las que se encontraban un cabo y dos agentes de los Mossos, habían sido detenidos por un presunto delito de tráfico de estupefacientes.
Grupo criminal, robo y falsedad documental
Los implicados en este caso fueron acusados de robar la marihuana decomisada en diversas actuaciones policiales y almacenada en un depósito para volver a situarla en el mercado. Para ello, la vendían a terceros y se repartían los beneficios.
Los acusados afrontan cargos de delitos como pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, así como de robo y falsedad documental.
Más de 12 años de cárcel
En concreto, el fiscal Enrique Barata pide la pena más elevada para el cabo, hasta 12 años y 9 meses de prisión y una multa de 84.500 euros.
La investigación concluyó que esta persona era el "jefe del operativo, tenía más experiencia, autoridad y ascendencia jerárquica sobre el resto". Los indicios apuntan a que era el encargado de activar al grupo, tomar la decisiones sobre el cómo y el cuándo llevarse la droga, así como de las cantidades a sustraer en cada momento.
Inhabilitación
Los otros dos mossos implicados habrían ejercido como colaboradores con el fin de desviar la marihuana sin levantar sospechas y ocultarla.
Para estos dos agentes, se solicitan penas de 12 años y medio de prisión y multas de 83.600 euros y 80.000 euros, además de su inhabilitación para trabajar como mossos durante el tiempo de la condena.
Los otros dos acusados, que no son policías, afrontan solicitudes de 5 años y 3 meses de prisión y multa de 80.000 euros; y 5 años de prisión y la misma multa.