Habrá juicio. Un magistrado ha enviado al banquillo a un jefazo de la Policía Municipal de Gavà (Barcelona) por, presuntamente, revelar datos confidenciales de otro compañero que se encontraba de baja laboral y divulgar datos de su enfermedad. El efectivo policial, responsable de recursos humanos, está acusado de dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Es lo que reza un auto judicial al que ha accedido este medio y en el que el magistrado Adrián Martínez, titular de la sala de Instrucción y Primera Instancia de Gavà, abre el juicio oral contra el funcionario al entender que "existen indicios racionales y suficientes" de que el agente cometió dos delitos.
Divulgó su baja médica
Los hechos datan de abril de 2021, cuando el jefe de Recursos Humanos de la Policía Municipal del municipio del Baix Llobregat recabó datos médicos de un compañero que estaba de baja y los repartió entre la estructura municipal y un sindicato, como explicó Crónica Global.
Agentes de la Policía Municipal de Gavà (Barcelona) en un acto oficial
El mensaje con el TIP del agente raso de baja y los motivos de su enfermedad llegaron a la sección sindical de SPL-CME de la localidad -a cuatro personas-, a otro enlace de la agrupación, al inspector jefe del cuerpo, al departamento de Recursos Humanos del ayuntamiento y al área de Riesgos Laborales.
No expedientado
Según el auto, el investigado, que reconoce el envío del correo a distintas personas, justifica su acción con la voluntad de acabar con las "irregularidades" que, según él, habrían tenido lugar en el seno de la Policía Municipal. Con este ánimo, precisa, buscó ayuda en otros compañeros, divulgándoles una información que era "laboral y no personal".
Otras fuentes cercanas al caso destacan que el efectivo policial "no ha sido expedientado ni apartado, por lo que no hay reproche a su actitud pese a haber un caso penal abierto".
Un mando apartado por quitar una multa
Se trata del segundo escándalo que zozobra la Policía Municipal de Gavà después de otro caso penal contra otro efectivo policial, también un mando, por quitar una multa a un compañero de los Mossos d'Esquadra que conocía.
Un agente de la Policía Municipal, hablando con una ciudadana
En aquella ocasión, el caso cobró altura porque el funcionario, condenado en firme por prevaricación, formaba parte de los tribunales de selección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), la llamada Escuela de Policía, donde se forman efectivos de los cuerpos municipales de seguridad y de la policía autonómica.
Él, no obstante, detectó "persecución", recordó que la sanción era por grúa mientras el compañero agente "recibía atención médica" y apostilló que su condena en el Tribunal Supremo había venido acompañada de una recomendación de indulto.
Caso 'Ciutat Morta'
Antes de ello, la Policía Municipal del mismo municipio encajó algunas críticas en 2015 por contar con el exresponsable de Información de la Guardia Urbana de Barcelona, a quien se vinculó con el caso Ciutat Morta, que acabó con un agente en sillas de ruedas tras ser atacado por un grupo de okupas, varios de los radicales condenados a penas de prisión y, una de las acusadas, cometiendo suicidio.
El mando policial negó lazos con la controversia y el gobierno municipal le ratificó en el cargo pese a las protestas de ERC, que pidió su cabeza. Tras ello, el principal acusado del 4F, Rodrigo Lanza, fue condenado por asesinato en 2020 por otra pelea en Zaragoza en la que un hombre perdió la vida al ser agredido por el antisistema.