El Gobierno de España declaró la semana pasada el fin del uso obligatorio de las mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y también en las residencias de ancianos, uno de los focos más críticos de la epidemia. Aunque la medida ha sido ampliamente celebrada en el sector de los geriátricos catalanes, los familiares de los residentes aseguran haber echado en falta “más rigor científico” a la hora de tomar una decisión que podría poner en peligro a uno de los colectivos más vulnerables.
A pesar de que las familias avalan los beneficios socio-afectivos que traerá la retirada de los cubrebocas para los usuarios, temen que, sin un protocolo claro de contención o control del Covid, puedan aparecer brotes de la enfermedad. “Lo que han hecho es un prueba-error, y si no funciona, esta prueba puede saldarse con muertes”, alertan desde la plataforma Els Estels Silenciats, formada por familiares de residentes en geriátricos.
"La pandemia no ha acabado"
“No hemos visto a ningún epidemiólogo o especialista en salud pública que asegure que reiterar las mascarillas en las residencias es seguro. Ha habido mucha presión social”, apuntan. En este sentido, insisten en que la pandemia todavía no ha acabado y que un brote podría traer consecuencias graves, sobre todo si no existe "algún tipo de red de seguridad" para hacerle frente.
"Tres años después, muchas familias siguen pidiendo explicaciones por las muertes de residentes durante la primera ola de Covid. Y ahora se toman este tipo de decisiones supuestamente basadas en criterios epidemiológicos", denuncian.
Patronales piden seguridad jurídica
Por su parte, algunas patronales piden al Govern instrucciones claras en esta nueva etapa para hacer cumplir con seguridad jurídica esta medida, pues son conscientes de la fragilidad de los residentes. "Si quitan las mascarillas, la norma tiene que ser muy clara. Los trabajadores de las residencias necesitamos seguridad jurídica", asegura el presidente de la Asociación Profesional Catalana de Directores/as de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (Ascad), Andrés Rueda.
Insiste en que los trabajadores del sector tienen que poder realizar su trabajo con la garantía de que no tendrán que enfrentarse a ningún problema legal en caso de que un residente enferme. "Tenemos que proteger a los mayores y a nuestros empleados. En residencias con exteriores o espacios ventilados, no usar mascarilla podría ser completamente viable, pero en aquellos centros donde su arquitectura no lo permite, creemos que debería mantenerse su uso obligatorio", puntualiza.
Afectación psicológica
Uno de los argumentos utilizados por los defensores de la eliminación de este equipo de protección es que afecta negativamente a la relación entre cuidadores y ancianos. Además, consideran que el uso del cubrebocas afecta a esta población desde el punto de vista psicológico, haciéndoles recordar momentos de la pandemia y les genera sentimiento de aislamiento.
En cualquier caso, tanto expertos como familiares piden que el Govern haga los deberes pendientes: revisar el actual protocolo de contención, que debería tratar asuntos como las bajas laborales de los trabajadores, la adaptación de un centro en caso de brote, los horarios de visita y el uso de mascarillas en determinadas situaciones.
Uso recomendado
Desde la publicación de esta nueva medida en el BOE, el uso de mascarillas ha dejado de ser obligatorio y sólo está recomendado. Eso sí, sigue siendo obligatorio su uso en algunos espacios sanitarios donde haya especiales características como pacientes inmunodeprimidos, como las ucis, las zonas de oncológicos, quirófanos o urgencias.
Los españoles se despiden así de más de 1.100 días de su uso obligatorio en los centros sanitarios, farmacias y residencias.