El único centro privado que trataba casos de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) en Vilafranca del Penedès (Barcelona) ha cerrado sus puertas. El centro CATA, que atendía también a sus comarcas vecinas, ha dejado de recibir las subvenciones públicas que necesita para poder ofrecer sus servicios.
Los casos de TCA en mujeres jóvenes se han disparado en Cataluña desde la pandemia. Las listas de espera para acceder a un tratamiento en la sanidad pública pueden llegar a superar los seis meses, sobre todo si no se trata de un caso de extrema gravedad. En este sentido, los centros privados y concertados se han convertido en la única alternativa de algunas familias para poder tratar a sus hijas.
El centro público, colapsado
En Vilafranca, el centro público de referencia para tratar este tipo de trastornos es el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) y, como ya empieza a ser habitual, está colapsado. De ahí la importancia del centro CATA para muchas familias -las que se lo podían permitir-, pues suponía la única vía para poder optar a la atención psicológica necesaria para sus hijas en un tiempo razonable.
"El sistema público da prioridad a los casos más graves, es decir, que existe riesgo vital. Pero si son casos leves o moderados, la espera puede alargarse muchos meses", apuntan desde la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB), que temen que el cierre del centro concertado sature todavía más el CSMIJ, dejando desatendidos a los casos leves.
Una imagen representativa de la anorexia / PIXABAY
Los casos aumentan un 61% tras la pandemia
Este tipo de alteraciones mentales, que provocan un comportamiento patológico respecto a la ingesta alimentaria, van al alza en España: uno de cada 20 adolescentes sufre un TCA y los casos se han duplicado desde que llegó el coronavirus, advierte la ACAB. De acuerdo con el Departamento de Salud, los casos en Cataluña se han incrementado un 61% tras la pandemia, con especial impacto en mujeres de 12 años.
En este contexto, asociaciones y psicólogos alertan de la falta de recursos que presenta la sanidad pública para dar asistencia a este tipo de pacientes y del progresivo recorte de las pocas ayudas que existen para financiar estos servicios. Así, advierten que el sistema público presenta "claras carencias" como son las largas listas de espera, la falta de camas para los ingresados y la falta de profesionales y especialistas en los centros públicos.
El seguro escolar, en peligro
Como consecuencia, muchas familias tienen que dirigirse a clínicas privadas. Lo hacen a través del seguro escolar, un recurso público que protege a los estudiantes menores de 28 años que cursen estudios oficiales desde el tercer curso de la ESO, mediante prestaciones sanitarias y económicas, en caso de enfermedad, accidente escolar e infortunio familiar.
“Gracias a este seguro pueden financiar gran parte del tratamiento en un centro privado, no el total, pero sí alrededor del 80%”, detallan desde ACAB. No obstante, la ayuda tan necesaria está empezando a limitarse. No lo han eliminado, pero sí han empezado a reducir las prestaciones “de manera drástica”.
Una mujer con un trastorno alimentario
Plan de choque
La conselleria de Salud anunció en marzo una partida de 8,4 millones de euros para hacer frente al aumento de este tipo de trastornos que debería llegar, en teoría, entre 2023 y 2024 El plan de choque prevé la incorporación de 104 profesionales para reforzar especialmente los Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ), aunque también los centros de adultos.
El objetivo es que, en los casos preferentes, la primera visita pueda ser en los primeros 15 días en estos centros y que los pacientes tengan un seguimiento cada 15 días durante los primeros 3 y 4 meses. Con todo, familias, profesionales y asociaciones piden a la Administración más recursos para paliar los fallos estructurales del sistema público.