El trabajador de un centro de menores gestionado por una fundación privada supervisada por la Generalitat de Cataluña se enfrenta a una elevada pena de cárcel por presuntamente violar a un niño discapacitado repetidamente. En el juicio, que arrancará el 22 de mayo en la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la fiscalía pedirá para él 67 años de prisión. A la fundación le pide, en concepto de responsabilidad civil, 80.000 euros.

Según el escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso este medio, aprovechando la situación de superioridad del educador y el desvalimiento del niño, que padecía una discapacidad de un 42% de sus facultades y un trastorno del espectro autista, el ahora acusado “le realizó tocamientos libidinosos y le obligó a mantener relaciones sexuales” entre abril y noviembre de ese año.

Agresiones sexuales, físicas y amenazas

La primera vez que abusó del niño fue en abril de 2014, cuando el cuidador se ofreció a llevarlo a visitar a su madre, que cumplía una pena de prisión en la cárcel de mujeres de Barcelona. Al regresar de la visita el educador se desvió y llevó al niño a una zona boscosa, cerca de Teià, donde abusó de él. Además, añade la fiscalía, lo amenazó diciéndole que si explicaba algo “lo trasladarían a un centro cerrado con menores delincuentes, lo cual resultaba muy intimidante” para la víctima.

En julio de este mismo año, durante una salida al cine, el acusado aprovechó para realizarle tocamientos de índole sexual. Entre julio y noviembre de ese mismo año el cuidador violó al menor en la sala en la que se guardan los carros de los bebés en la fundación. También lo agredió físicamente. No fue hasta 2017, después de que una psicóloga le diera una charla sobre abusos sexuales, cuando el menor explicó lo sucedido en el centro. 

Daños psicológicos

A causa de las agresiones sexuales a las que fue sometido y como así constatan los exámenes psicológicos, remarca el ministerio fiscal, “el menor ha quedado dañado psíquicamente”.

Por estos hechos la fiscalía acusa al trabajador de un delito de agresión sexual y cuatro de agresión sexual con penetración, por los que solicita un total de 67 años de cárcel. A la fundación que lo contrató le pide, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria, que indemnice a la víctima por los daños morales causados en la cantidad de 80.000 euros.