La ASAC valora positivamente la ley de medidas urgentes contra la sequía

La Agrupación de Servicios de Agua de Cataluña (ASAC) celebra la aprobación en el Parlament de la ley de medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la grave situación de sequía que se da desde hace unos meses en el territorio.

La organización estima que el consenso de una mayoría de fuerzas parlamentarias facilitará la llegada de las necesarias inversiones para reforzar la resiliencia de los sistemas de abastecimiento de agua en Cataluña.

Agilidad

“Todas estas medidas contribuirán a paliar los efectos de la grave situación de estrés hídrico que sufre Cataluña”, ha manifestado.

Ahora, ASAC considera que será fundamental que las instituciones ejecuten la ley de forma ágil y efectiva. Para lograrlo, la asociación ha solicitado que las propias operadoras del servicio de abastecimiento de agua sean las que puedan requerir directamente las subvenciones que se contemplan en la normativa, siempre con el acuerdo con los ayuntamientos en ejercicio de sus potestades de control.

La experiencia del Perte

En este sentido, la entidad recordó que “el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico así lo ha regulado en las recientes convocatorias del Perte de digitalización del ciclo del agua con muy buenos resultados”.

A pesar de ello, la ASAC recuerda que la sequía no es un episodio puntual, “sino que formará parte de nuestra realidad a medio y largo plazo”. En este sentido, pide “el compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios en la hora de salir adelante todas las medidas previstas y recuerda que no nos podemos permitir repetir los errores cometidos en el episodio de sequía que sufrió Cataluña en 2008. 

Emergencia climática

En aquel momento, también se plantearon algunas medidas e inversiones que, después de un periodo de lluvias, quedaron paradas o sin mantenimiento para asegurar su continuidad”.

“De este modo, la planificación a largo plazo dejó de ser una prioridad y, con esto, también se perdieron los recursos económicos necesarios para garantizar el acceso al agua en todo el territorio y minimizar los efectos de la emergencia climática sobre el tejido socioeconómico del país”, concluye.