Este miércoles se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el juicio a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, acusada de un delito de desobediencia por participar en la organización y la celebración del referéndum del 1-O en 2017, cuando encabezaba la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Durante la vista Serret se ha negado a responder a las preguntas formuladas por las partes, también a las de su abogado Iñigo Iriun, aunque ha solicitado hacer una “pequeña manifestación”.
La consellera se ha reafirmado en sus “convicciones” y ha expresado que sigue manteniendo “la defensa de un proyecto legítimo como es la República catalana” y ha recordado frente al tribunal su “derecho a defenderlo pacíficamente y a ganarlo democráticamente”.
"El pensamiento no delinque"
“Hay una mayoría social en Cataluña sostenida en el tiempo que quiere decidir el futuro político en las urnas”, ha comenzado su manifestación Serret. “Es una reivindicación de la sociedad y el referéndum del 1-O era una expresión del derecho a decidir a través del voto pacífico. Como miembro del Govern, antes y ahora, nuestro deber es cumplir con los mandatos parlamentarios y en aquel contexto había que dar respuesta a la mayoría parlamentaria”.
“Fui siempre coherente con mi deber de dar respuesta a la mayoría parlamentaria y al mandato democrático y sin dudarlo tomé decisiones coherentes”, ha reiterado. Además Serret ha manifestado que “el derecho de expresión incluye el derecho de los pueblos a decidir su futuro y consideración política”. La consellera ha denunciado la “judicialización” del conflicto y la “criminalización" de un proyecto que ella considera legítimo como es el independentismo y el republicanismo.
La 'consellera' Meritxel Serret durante el juicio por desobediencia / TSJC
Sin embargo, la fiscal Neus Pujal le ha recordado que en el banquillo de los acusados no se ha sentado ninguna persona que votara el 1-O. "Aquí no se condenan ideas, el pensamiento no delinque, se condenan hechos concretos”, entre los que se encuentra la desobediencia al Tribunal Supremo. "Fue destinataria de hasta cinco requerimientos, que la acusada desobedeció de forma contumaz", le ha recordado a Serret. "Fue una desobediencia clara, inequívoca y patente", ha reiterado con firmeza Pujal. "A diferencia de otros consellers que se apartaron, la acusada decidió seguir. Estaba asumiendo que estaba cometiendo una ilegalidad".
El papel de la abogacía del Estado
El abogado de la consellera, Iñigo Iriun, que ha solicitado que su defendida se siente a su lado y que declare después de exponerse la totalidad de la prueba, ha pedido durante el turno de cuestiones previas al tribunal que no permita la personación de la abogacía del Estado en el juicio. El letrado ha alegado que “la presencia de la abogacía del Estado comporta la vulneración de la tutela de defensa efectiva” y que deja en el aire el derecho a “un juicio justo y equitativo”.
Según el abogado de Serret la abogacía del Estado “no cuenta con legitimidad como para personarse y ejercer como acusación particular” puesto que, “aunque puede tener un interés”, según el abogado, “no es un perjudicado” del delito por el que se juzga a la consellera. Sin embargo, la letrada Beatriz Vizcaínola, representante de la abogacía del Estado, le ha respondido que su presencia es una garantía del buen funcionamiento de la Administración pública. Le ha recordado que, además, mantiene la misma acusación que el ministerio fiscal: “La acusación es exactamente la misma y las penas también”, ha espetado. “Ostentamos perfectamente legitimación en este proceso”, reitera.
"Si no hubiese huido sería procesada en el Supremo"
En la misma línea el ministerio público, encabezado por la fiscal Neus Pujal, ha reiterado que “la presencia de la abogacía del Estado no solo no afecta a la celebración de un juicio justo, puesto que fue plenamente legitimada por Pablo Llarena”, sino que “estaba muy comprometida con que las autoridades públicas acataran las órdenes de los órganos jurisdiccionales, por lo que debe estar presente”.
“Tuvo un papel muy activo instando a la inconstitucionalidad de leyes del Parlament y la que consiguió que se requirierse a la acusada y otros miembros del Govern y del Parlamento que se abstuviesen de hacer cualquier acto y destinar fondos de cara a un eventual referéndum”. Además, la fiscal le ha espetado que “si la acusada no hubiese huido con Puigdemont, Ponsatí y Puig hubiese sido procesada en el Supremo, donde tenía que haber sido enjuiciada. No es un nuevo proceso”.
Un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa
El tribunal, compuesto por los magistrados Fernando Lacaba, Francisco Segura y Marta Pesqueira --después de que Jesús María Barrientos y Carlos Ramos se abstuvieran de formar parte del mismo-- ha expresado que la cuestión planteada por el letrado será resuelta en la sentencia. “Es una cuestión compleja, que presenta muchos flecos”.
El hecho de mantener en el juicio a la abogacía del Estado ha molestado a la defensa de Serret, que ha formulado la pertinente protesta y ha asegurado que “implícitamente la Sala está aceptando la presencia de la abogacía del Estado porque el juicio se desarrollará con su presencia y su intervención. Si no es previo carece ya de finalidad”.
En este juicio, la fiscalía pide para Serret una condena de un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por supuestamente intervenir para garantizar el 1-O cuando encabezaba la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.