El catedrático de Filología española de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Angel Gallego, inhabilitado por mala praxis docente y abuso de poder, ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que, lejos de disculparse, carga contra ellos, afirmado que "los estudiantes descontentos tienen derecho a responsabilizarme por su fracaso académico".
Según ha relatado Gallego en la publicación, "en un estado de derecho" los estudiantes "hasta tienen el derecho de canalizar su frustración a través de otros medios, al igual que yo lo tengo a permanecer en silencio, siendo inocente hasta que no se demuestre lo contrario".
Inhabilitado durante 14 meses
La Universidad lo ha inhabilitado durante 14 meses, y apartado de la coordinación de las pruebas de acceso a la universidad por la consellería de Investigación y Universidades, después de una alumna de doctorado lo denunciara por acoso sexual y siete más por acoso laboral y abuso de poder.
Ángel Gallego, por su parte, ha añadido en el comunicado que "dado que el caso se llevará más allá de la universidad, no diré nada más públicamente".
Obvia las denuncias
En el texto, lejos de disculparse o de reconocer su culpa, el profesor obvia las denuncias, argumentando que "la propuesta de sanción" de la UAB "no incluye ningún caso de acoso sexual".
Asimismo, remarca su total desinterés por la versión de los alumnos, asegurando que "quienes me importan han compartido expresiones de apoyo y preocupación, saben cómo me comporto profesionalmente y están al tanto de lo que realmente ha sucedido".
Acusa a los medios de comunicación
Además, también ha recriminado la filtración "aparentemente de manera ilícita a algunos medios de comunicación" de "los detalles de los cargos por supuesto abuso de autoridad" y que "forman parte de documentación confidencial".
"Salvo que, ilícitamente, las opiniones públicas difundidas en las redes sociales hayan tenido acceso al informe confidencial, se basan en información parcial, distorsionada o subjetiva", ha denunciado. Así, el docente concluye con que "el proceso judicial examinará ambos lados de esta disputa" y que después de "analizar la situación determinará la validez de las acusaciones de abuso de autoridad"