El cura exrector de la parroquia de Sant Andreu y miembro de la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia acusado de poseer de pornografía infantil ha sido condenado a nueve meses de multa (con una cuota diaria de 6 euros) y ha sido inhabilitado durante dos años para cualquier profesión que comporte contacto regular y directo con menores de edad.
De esta forma, el juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona dictamina que el sacerdote Joaquín C. es autor de un delito de posesión de pornografía infantil y confirma que en sus dispositivos electrónicos de uso personal se habían descargado 39 gigas de imágenes y vídeos en los que aparecían niños desnudos. No obstante, descarta que el material fuera producido por el acusado o compartido con terceros.
Traslado del fallo a las instancias canónicas
El contenido audiovisual de los aparatos, que ya han sido confiscados y entre los que se encontraba un ordenador, fue descubierto por el informático de la escuela Jesús, María y Josep-Pare Manyanet. El mismo profesional fue el que denunció al cura ante las autoridades.
La Congregación de Hijos de la Sagrada Familia, que ha difundido este lunes la sentencia, ha trasladado el fallo judicial y la investigación al tribunal eclesiástico para que también dicte una sentencia canónica al respecto desde el ámbito religioso.
"Repulsa contundente" de la Congregación
La sociedad religiosa ha expresado su "repulsa contundente" a un hecho que, aseguran, les avergüenza a todos y ha recordado que el sacerdote fue apartado de sus responsabilidades pastorales, además de sometido a la apertura de un proceso canónico, desde el momento en el que se impuso la denuncia. "La posesión de pornografía infantil es un delito muy grave y que atenta contra los principios y la misión de la Congregación", han declarado desde la institución.
También han reiterado que se le prohibió cualquier actividad pastoral, la celebración de culto en público y el contacto con menores y que se estableció inmediatamente su residencia en la comunidad de la enfermería de Barcelona y sede de la Curia general bajo el mando de sus superiores para garantizar que se cumplían las medidas cautelares.