El número de actuaciones procesales suspendidas a causa de la huelga de letrados de Administración de Justicia asciende ya a 5.904 en Cataluña, según los datos recopilados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desde el 30 de enero, pese a que el paro empezó oficialmente el día 24. Los juzgados de la provincia de Barcelona son los que se han llevado la peor parte, con 4.459 incidencias hasta el momento. 

La huelga, que ha entrado en su quinta semana tras el fracaso de las negociaciones con el Ministerio de Justicia, “está generando una paralización absoluta del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado”, denuncia Pablo de Palacio, abogado, criminólogo y miembro de Liderem, que añade que, “sin ellos, la justicia no puede funcionar”.

“Son el alma de los juzgados”

En la misma línea que el penalista, José María Asencio Gallego, juez titular del Juzgado Penal n°11 de Barcelona, subraya que, aunque su función es la menos conocida, “los letrados de la Administración de Justicia son el alma de los juzgados”. Así ha quedado patente tras casi un mes en huelga indefinida, que ha desembocado en una paralización de la Administración de la Justicia, que ya sufría retrasos por la falta de recursos. El juez añade que además de dirigir la Oficina Judicial, son quienes tienen las competencias en materia de fe pública judicial, puesto que sin ellos no se puede dotar de seguridad jurídica a los actos procesales.

En este sentido, De Palacio recuerda que desde que los secretarios judiciales asumieron funciones que antes desempeñaban los jueces, estos últimos se encargan básicamente de dictar sentencias, providencias y autos: “Todo lo demás ha pasado a manos de los letrados de Administración de Justicia”. Por eso, alerta de que su huelga tiene una mayor incidencia que la que tendría una de magistrados, “puesto que no habría sentencias, pero al menos sí tramitaciones”. Desde hace un mes, asegura, aunque los jueces dictan resoluciones, muchas de ellas no pueden notificarse a las partes porque para ello es preciso también la firma de los secretarios judiciales.

Más funciones, misma retribución

No son los únicos trámites que han quedado paralizados. A la suspensión de 152.000 juicios y a los 600 millones de euros consignados que han quedado bloqueados en España --y que deberán devolverse con intereses de demora por el mal funcionamiento de la justicia-- se suma la paralización de la adjudicación de subastas y la inadmisión de demandas a trámite, entre otras muchas gestiones.

Precisamente, la huelga de los secretarios judiciales viene motivada porque a lo largo de los últimos años han ido adquiriendo funciones que antes desempeñaban los jueces, como la jurisdicción voluntaria y el procedimiento de ejecución de sentencias. Ellos son quienes se encargan, por ejemplo, de calcular los costes de los juicios, de los embargos de cuentas, entregas de dinero embargado, mandamientos de embargo de bienes inmuebles a registro, etcétera.

“Las sucesivas reformas legislativas desde el año 2009 han ido aumentando progresivamente las competencias de los letrados de la Administración de Justicia y, pese a ello, su retribución ha permanecido estática”, confirma el juez Asencio Gallego. Por eso, piden que su salario se adecúe a las competencias que han ido asumiendo. “Ahora el mismo número de letrados tiene que hacer más funciones que antes, pero al mismo precio”, denuncia también De Palacio. Aunque las competencias de los jueces son ahora residuales, hay diferencias sustanciales entre los sueldos de ambos porque son cuerpos funcionariales con competencias y responsabilidades diferentes.

Un acuerdo incumplido

Aunque el titular del Juzgado Penal nº 11 de Barcelona recuerda que “el Ministerio de Justicia llegó a un acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia en abril de 2021” que sirvió para aplacar un conato de huelga, “este se ha incumplido de forma manifiesta”. Esta situación ha desembocado en un paro histórico en el sector, que viene a agravar la situación de una justicia precaria.

El comité de huelga, formado por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), reclama al Ministerio de Justicia que se siente a negociar para solucionar el conflicto. Sin embargo, denuncian, la respuesta que han obtenido por parte del ministerio después de una reunión de más de 15 horas ifructuosa es que, “por motivos de agenda, no está previsto un nuevo encuentro en los próximos días” y que, previsiblemente, se postergue hasta el 1 de marzo, lo que tachan de “escandaloso”.

Pilar Llop, ministra de Justicia

La agenda de Pilar Llop

“Cuando siguen suspendiéndose miles de actuaciones judiciales cada día en España, y cuando siguen bloqueados cientos de millones de euros, Pilar Llop no tiene tiempo en la agenda para resolver el problema más grave que se recuerda en la Administración de Justicia, y prefiere irse de tourné a Gijón”, denuncian desde el comité, que avanza que “de aquí al 1 de marzo, pueden producirse 70.000 suspensiones más, y pueden quedar bloqueados otros más de 200 millones de euros”.

En la misma línea, Patricia Gimeno, letrada de Administración de Justicia y delegada del comité de huelga por UPSJ, expresa que “el secretario de Estado pensó que duraríamos dos días y no pensaba sentarse a la mesa. Ahora la torpedea. Es necesario que la ministra señora Llop acepte positivamente la negociación, tal y como expresó la semana anterior”.

Las negociaciones, encalladas

Cuando la huelga está a punto de cumplir un mes, no hay acercamientos. “El Ministerio de Justicia tiene que desbloquear la situación”, claman las fuentes consultadas, que subrayan que los efectos ocasionados por este parón se alargarán durante meses.