Muchos usuarios de Gmail se han sobresaltado al revisar su bandeja de entrada o de spam y descubrir un mensaje que lleva por asunto “CITACIÓN JUDICIAL”. El mensaje va acompañado de un archivo PDF que simula ser una citación judicial firmada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez.
El texto, que simula ser un documento oficial, informa al receptor de que se han emprendido “acciones legales” en su contra como autor de los delitos de pornografía infantil, pedofilia, exhibicionismo, ciberpornografía y tráfico sexual. Se apoya en una serie de artículos del Código Penal en los que se informa de que la pena de prisión por la comisión de estos hechos asciende hasta los cinco años y los 75.000 euros de multa.
Detención, carta y escarnio público
“Usted cometió estos delitos después de haber sido blanco en internet (sitio de anuncios), viendo vídeos de pornografía infantil, fotos y vídeos de menores desnudos fueron grabados por nuestro gendarme cibernético y constituyen pruebas de sus delitos”. Tras esta misiva, el documento, que simula ser confidencial, anima al receptor a ponerse en contacto con ellos en un plazo máximo de 72 horas a través del correo directorageneraldelaguardiaciv@gmail.com para presentar las pertinentes alegaciones.
En caso de no hacerlo, amenaza el documento, el informe será remitido a la señora Maryvonne Caillibotte, fiscal de Versalles, para la emisión de una orden de “detención inmediata”. Por si fuera poco, advierten con enviar una carta certificada al domicilio del receptor y le hacen creer que será inscrito en el registro nacional de delincuentes sexuales, que no solo se hará llegar a las asociaciones de lucha contra la pederastia, sino que será remitido a los medios de comunicación para su publicación.
La solución amistosa: pagar
Ante la gravedad de las acusaciones, algunos de los usuarios ceden a la presión y responden. A las pocas horas reciben un nuevo mensaje, esta vez con el membrete de la Guardia Civil y que va acompañada del título: Brigada de Protección de Menores.
En este segundo escrito afinan los detalles y añaden que “varias jóvenes de entre 15 y 25 años” han presentado una denuncia contra el receptor tras conocer que imágenes suyas de contenido sexual fueron difundidas a través de una web sin su consentimiento. “Para evitar que se le registre como delincuente sexual, con el riesgo de arruinar su reputación y la de su familia”, ofrecen dos opciones antes de la celebración del juicio. Las alternativas son dos: seguir adelante con el procedimiento judicial, “haciendo público el caso para disuadir a otras personas” de cometer los mismos hechos ilícitos o bien una solución amistosa, pagando “una multa de 3.500 euros”. La misiva viene acompañada de la firma de María Gámez Gámez, así como de su teléfono y un correo electrónico.
No contestar y eliminar
Desde el instituto armado confirman que el correo que suplanta la identidad de la directora general es falso. Sostienen que no envían ningún tipo de requerimiento por e-mail y advierten de que se trata de una extorsión que pretende estafar a la víctima tras “generar preocupación en el receptor del correo”.
Desde la Guardia Civil piden a los usuarios que reciban este correo que no contesten y que lo eliminen. “Se trata de un engaño que utiliza estrategias de ingeniería social para que sigas las indicaciones del ciberdelincuente”, apuntan desde la Oficina de Seguridad del Internauta.
Errores ortográficos
Aunque lo ideal es no responder al mensaje para que los ciberdelincuentes no sepan si la cuenta de correo está o no activa, en caso de contestar o incluso de realizar el pago que se exige, desde la Guardia Civil piden recopilar “todas las evidencias posibles, como e-mails, capturas, mensajes, etcétera” para denunciarlo ante las Fuerzas de Seguridad.
Para detectar este y otros fraudes similares, la benemérita insiste en que el dominio del correo utilizado para enviar los mensajes no tiene ninguna relación con la Guardia Civil. Apuntan a que los números del expediente de la citación son aleatorios y que los usuarios deben sospechar de cualquier mensaje “oficial” que contenga errores ortográficos y gramaticales, dado que se deben a traducciones automáticas.