El trabajo oculto tras el polémico vídeo sexual de Waka

El vídeo viral de la felación de una menor en la discoteca Waka continúa circulando. Los esfuerzos policiales, familiares y de las plataformas para censurar las imágenes, cuya difusión es ilegal, han empezado a surtir efecto, pero no han logrado que la polémica escena desaparezca de internet.

Fuentes policiales recuerdan que desde Mossos "se hizo la petición y están empezando a desaparecer" las imágenes, "pero eliminarlas al 100% es muy difícil". Indican que "en el momento en el que subes un vídeo, pierdes el control de la propagación", ya que algunos usuarios suelen guardarlo y volverlo a subir al cabo de un tiempo.

Teléfono móvil con TikTok

Twitter mantiene el vídeo

En este caso, todo apunta a que la grabación se filmó y compartió sin el consentimiento de los jóvenes de 16 y 18 años que practicaron sexo oral en la pista de baile. Ambos han presentado denuncia y los Mossos han accedido a las cámaras de seguridad para averiguar quién los grabó. Los agentes también han hablado con testigos y han descartado que la chica fuese drogada y sexualmente agredida, como denunciaba su madre.

El cuerpo policial se puso en contacto con plataformas donde se viralizó el vídeo, como Twitter, Tiktok, Reddit o Facebook. El aviso ha servido para que estas compañías eliminen el contenido, que, a pesar de todo, ha sobrevivido a la censura, especialmente en Twitter. Aunque es complicado seguir la pista a los difusores, ya que tras borrarse una publicación aparecen otras versiones con las imágenes modificadas y las palabras clave cambiadas, la red social de Elon Musk está tardando hasta nueve días en retirar la grabación explícita de Waka.

La discoteca Waka Sabadell, donde se difundió un video sexual en el que hay una menor implicada / EFE

La lucha de los moderadores

El contenido aún es visible en Twitter, incluso en publicaciones con texto que incluyen la palabra "Waka". La red social no ha respondido a las preguntas de Crónica Global, aunque desde el servicio de moderación de otra de las plataformas donde se ha viralizado la grabación recuerdan que Musk tiene intención de deshacerse de toda su plantilla en España, con especial afectación en los moderadores, lo que ha hecho que en los últimos meses varios trabajadores hayan buscado otros empleos.

Estos interlocutores revelan que en todas las redes sociales se colabora habitualmente con la policía y que, si se detecta un delito en algún vídeo, además de censurarse, se envía a un equipo encargado de notificar posibles actividades criminales a las autoridades para que lo investiguen. También señalan que el trabajo de los moderadores humanos se apoya en un sistema de inteligencia artificial, pero que por ahora "funciona muy mal".

Un mosso investiga frente a un ordenador / MOSSOS

Indemnizaciones

Más allá de investigar las cámaras de seguridad de la discoteca, para dar con la primera persona que grabó y compartió el vídeo, los Mossos pueden extraer los metadatos que contiene el archivo del vídeo viralizado. De este modo, se puede extraer una dirección IP dinámica que identifica al usuario y, en ocasiones, permite dar con la IP física del móvil que se busca, aunque este proceso es complejo y no siempre da resultados.

Fuentes jurídicas añaden que el control de la ciberdelincuencia es difícil porque muchas veces se realiza desde el extranjero. En su prevención, los agentes de la Policía Nacional, que cuenta con una unidad de ciberdelincuencia en la comisaría de La Verneda, son "muy eficaces e investigan", mientras que a los Mossos, "si no hay alarma social, les cuesta". "Son muy deficientes a no ser que el caso sea mediático", lamentan.

En cuanto a las tecnológicas, su colaboración con las autoridades depende de cada compañía. Hay algunas, como Google o Apple, con un perfil muy colaborador y con muchos recursos destinados a la revisión y moderación del contenido publicado por los usuarios, aunque por lo general, "no se pueden permitir exponer hechos ilegales a su comunidad y más si hay una orden judicial o policial". En el caso Waka, pueden constituir un delito la publicación y difusión del vídeo, así como el ciberacoso y críticas de mal gusto o humillantes contra sus protagonistas, de modo que las víctimas podrían reclamar una indemnización por daños morales a los usuarios y a las plataformas.