Como cada año, los más pequeños de la casa vuelven a poner banda sonora a la Navidad. Los conciertos, villancicos y poemas en la escuela son el pistoletazo de salida de las fiestas navideñas.
Así, cámara en mano, los familiares acuden con emoción a las instalaciones educativas para ver a sus retoños cantar y bailar. Después, con gran orgullo, comparten la función en redes sociales. Sin embargo, ¿sabrán que esto podría costarles unos cuantos miles de euros? Los expertos alertan.
Protección digital de menores
La Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales establece, en España, que el tratamiento de los datos personales de un menor podrá fundarse en su consentimiento a partir de los 14 años. A nivel europeo hay disparidad, ya que la norma dice que el individuo será mayor de edad en este sentido entre los 13 y los 16 años. Por tanto, hasta ese momento, será su tutor o tutores legales quienes deberán decidir por él.
Así, las escuelas, academias y centros de cualquier tipo deben contar con una autorización para grabar o compartir imágenes o datos personales de los menores. Sin embargo, hay situaciones en las que, de forma más frecuente de lo que parece, se vulnera la norma casi sin caer en la cuenta, y desconociendo el impacto de la publicación de imágenes en las redes sociales. Por ejemplo, en las tradicionales fiestas de fin de curso o funciones de Navidad.
Diferentes situaciones, diferentes multas
Según el abogado especialista en derecho digital y fundador del portal techandlaw.lab, Eduard Blasi, no hay una multa específica establecida por la difusión de imágenes o datos personales de menores sin consentimiento, ya que influyen diversos factores como el tiempo de exposición, el número de personas afectadas, el tipo de plano o el alcance de la publicación --dependiendo del canal utilizado o el número de seguidores--, entre otros.
Por tanto, “se han dado casos tanto de sanciones de 1.000 euros o menos, como de 10.000”, explica Blasi a Crónica Global. Según el jurista, lo importante es que “el principio de cautela debe entenderse cuando hablamos de menores, un colectivo potencialmente vulnerable”. Además, insiste, son las escuelas y no los padres de los alumnos quienes, en todo caso, reciben la autorización para difundir la imagen de los pequeños. En definitiva, ningún padre o madre tiene la aprobación del resto para compartir imágenes o vídeos en redes sociales. Si lo hace, sería el responsable ante la justicia.
Suele buscarse el acuerdo
Este medio también ha consultado sobre las consecuencias a las que podríamos enfrentarnos al despacho de Ferré Abogados, en Barcelona, donde la respuesta de uno de sus socios, Albert Ferré, coincide con la de Eduard Blasi, en cuanto a la variedad de criterios y situaciones que habría que valorar a la hora de sancionar o demandar. No obstante, insiste el letrado, "suele buscarse el acuerdo" antes de judicializar un problema de este tipo.
Tanto las escuelas, para las que la Agencia Española de Protección de Datos publicó una Guía para el uso correcto de datos de carácter personal, como los familiares deben tomar en cuenta la importancia de preservar la privacidad de los niños, insiste Ferré. Así, se minimiza la posibilidad de generar un daño no intencionado y tener algún que otro quebradero de cabeza.
Protocolos que hacen sufrir a los niños
Fuentes de la plataforma Drets digitals dels menors aseguran a este medio que hay mucho descontrol y desconocimiento con respecto a los derechos digitales de los niños y los riesgos que conlleva para ellos que sean vulnerados, también por parte de las escuelas. "Muy pocas advierten a las familias de que no deben grabar y compartir este tipo de eventos infantiles en redes sociales", afirman.
Por otra parte, explican desde Drets digitals, también "nos encontramos con muchos centros que apartan a los niños de según qué actividades" porque los tutores legales han rehusado ceder su imagen. "En lugar de ponerlos de espaldas o en un rinconcito donde no se les vea mucho, se les niega participar". Por tanto, el no saber cómo gestionar la situación, hace que en muchas ocasiones se establezcan protocolos que marginan y hacen sufrir a los niños.