Todo se tendrá que probar en sede judicial, pero Policía y Fiscalía creen tener indicios de que el abogado Gonzalo Boye, ahora letrado del expresident catalán huido Carles Puigdemont, habría ayudado al narco Jose Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco. Agentes y ministerio público sostienen que Boye habría ayudado a falsificar unos documentos para que unos muleros pagaran el adelanto de un cargamento de cocaína en Colombia. 

Lo explica La Vanguardia hoy, en un extenso reportaje sobre la caída de Miñanco, para quien la Fiscalía pide 31 años de cárcel por presunto narcotráfico. Su acusación empezó en 2016, cuando cumplía condena en régimen de semilibertad en la cárcel de Algeciras. El narco preparaba un gran desembarco de la droga, y en un momento dado, habría necesitado de la colaboración de Boye, que era su abogado antes de que éste entrara a defender los intereses de Puigdemont. 

Posible falsificación para unas mulas

Miñanco y sus hombres habrían estado diseñando meticulosamente la entrada de 3.800 kilos de cocaína a Galicia por medio de un buque que partía de Colombia, la recogida en lanchas y el trasvase a un pesquero desde un puerto gallego. La operación requería de un primer pago adelantado a los narcos de origen en Colombia. Una entrega en mano de 890.000 euros. 

Unas mulas de Miñanco habrían tratado de volar al país suramericano con esta misma cantidad. Pero fueron interceptados en la frontera por efectivos de la vigilancia duanera, que inmovilizaron el dinero. En aquel momento, el conocido delincuente habría pedido ayuda a Boye para que falsificara unos documentos en los que se afirmaba que los fondos procedían de una carta de cambio y no de la droga. 

Boye aún no defendía a independentistas

En aquel momento, en febrero de 2017, a meses del desafío independentista en Cataluña, Boye aún no defendía a activistas o políticos independentistas, como ha acabado pasando. En aquel tiempo era abogado de un hombre de Miñanco, a quien las fuerzas de seguridad seguían de cerca en la Operación Mito. Conocían que el narco gallego planeaba el desembarco y le vigilaban estrechamente. 

Por el lance de las presuntas falsificaciones, del que Policía y Fiscalía ven indicios, se pide al abogado 10 años de prisión por blanqueo de capitales y falsificación. En su auto de procesamiento, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón da por buenos los indicios --que se deberán probar--  y manda a Boye al banquillo junto a Miñanco y otras más de 40 personas. 

Dinero en Barajas

La acusación se centra en si el letrado "urdió maniobras" para que las mulas, incluido Manuel González Rubio, su supuesto cliente, las presentaran ante el Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) y recuperaran los 890.000 euros, que estaban inmovilizados en el aeropuerto de Barajas de Madrid. Los efectivos policiales las habían interceptado en el doble fondo de unas maletas el 6 de febrero de 2017. 

Quien las llevaba era el propio González Rubio, que obraba dirigido por otro miembro del clan, Manuel Puentes. Fue el cliente de Boye quien reclamó el efectivo, aunque Fiscalía cree que el abogado, en realidad, representaba a Miñanco de forma indirecta. González Rubio habría sido un cliente-pantalla. 

Sobre Boye: papel proactivo

En un primer auto en 2020, la juez asignó al profesional un papel proactivo, pues le acusó de "diseñar" y "confeccionar", junto con otros, los documentos que la banda presentaría ante el Sepblac. Lo hicieron, dijo la togada, "conociendo su falsedad". Para ello se citan diversas reuniones del abogado con miembros del clan en las que, supuestamente, se habría "urdido" la estrategia para engañar a los agentes fiscales. 

Todo ello ocurrió antes de que Boye asumiera la defensa del expresident huido. Eso sí, los dos procesos, el de la huida de Puigdemont y el de Miñanco , se han simultaneado. En octubre de 2019, la juez ordenó el registro del despacho del abogado en Madrid. En junio de este año, la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento del acusado por el doble delito.