Una juez de primera instancia ha anulado las barreras de acceso a los antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona. La magistrada, a instancias del sindicato CSIF, ha derribado la vía de entrada a la Unidad de Refuerzo a las Emergencias y la Proximidad (UREP) por ser contraria a la normativa vigente.
Según una resolución del Juzgado de lo Contencioso número 5 de Barcelona a la que ha accedido este medio, la togada estima el recurso de CSIF contra el archivo de su recurso de alzada contra el procedimiento organizativo 2/22 de cambio de destino a la DROS-UREP. Con ello, queda cuestionada esta pieza normativa que regula el acceso a los dos centenares de efectivos policiales que forman la unidad de orden público y apoyo especial a seguridad ciudadana.
Por falta de "negociación"
La juez Montserrat Raga afea al Ayuntamiento de Barcelona que haya elevado barreras de acceso a la unidad sin haberlas "negociado" en el marco adecuado. La ponente no echa de menos falta de "diálogo", aunque sí que este tuviera lugar en el marco en el que correspondía.
Ese espacio de conversación entre Administración local y parte social son las mesas de negociación de los 11.000 funcionarios municipales. En ellas figura CSIF desde las últimas elecciones sindicales en 2019, junto con CGT, CCOO y UGT. Estos son los sindicatos con los que el gobierno municipal, y más concretamente la Tenencia de Prevención y Seguridad, debe negociar la pasarela de acceso interna a los antidisturbios de la Urbana.
Enésimo traspié con la UREP
La decisión del juzgado contencioso supone el enésimo desliz del equipo local con la UREP. Cabe recordar que el partido mayoritario en el bipartito, Barcelona en Comú, propuso eliminar esta unidad, que antes tenía la denominación de Unidad de Apoyo Policial (USP).
No lo hizo, y durante el primer mandato, transformó la USP en la UREP, argumentando que ampliaba las competencias de esta área policial. Eso sí, los poderes de orden público continuaron asignados como antes.
Tensiones
En paralelo, se han registrado algunas tensiones entre los agentes y el consistorio, sobre todo relativas a material precario o la gestión de los recursos humanos. Y, también, por el papel secundario que el ayuntamiento reservó a la UREP en disturbios a gran escala como los que tuvieron lugar tras la sentencia del procés en 2019 o tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel en 2021.
La tensión llegó a su punto máximo en el marco de esas algaradas, en las que radicales trataron de prender fuego a una furgoneta policial tras lanzar un cóctel molotov contra la comisaría de la Urbana en las Ramblas.