"Queda prohibido hacer mofa u objeto de malos tratos a las personas que se encuentren en la localidad, especialmente si se trata de gente mayor u otras personas físicas o intelectualmente defectuosas”. Así se referían a las personas con discapacidad intelectual, hasta hace unas horas, en la ordenanza G00 de policía y buen gobierno del Ayuntamiento de La Garriga (Barcelona). Unas palabras que han indignado al colectivo, que rápidamente encendió las redes sociales apelando al consistorio, liderado por Dolors Castellà (ERC), para que cambiase la terminología utilizada en su normativa.
Horas después, y a raíz de las quejas --iniciadas por una estudiante que da visibilidad al colectivo--, el equipo de gobierno se puso manos a la obra para iniciar el procedimiento para cambiarlo. Hoy por hoy, la ordenanza ya está retirada de la página web.
La ordenanza G00 en la que se refieren a las personas con discapacidad como "defectuosas" / TWITTER
Una norma de 1977
A través de un comunicado, los republicanos se escudan en que la norma estaba redactada en 1977, “cuando no había la sensibilidad actual”. “En ningún caso se ha querido menospreciar a ningún colectivo”, expresa la nota de prensa, en la que piden disculpas por no haber detectado el error en los más de 40 años que lleva vigente. Asimismo, defienden que desde el momento en que tuvieron conocimiento del hecho, iniciaron el “expediente de modificación y rectificación de esta ordenanza”, que se ha retirado de la página web y, paralelamente, se ha creado una comisión de análisis del resto para evitar que se vuelva a producir un error similar.
Así lo ha explicado también la alcaldesa del municipio, quien ha reiterado sus disculpas por no haber "detectado el trato inadecuado" al colectivo.
Nueva terminología en el Código Civil
Casualidad o no, la metedura de pata del Ayuntamiento de La Garriga ha hecho actuar al Gobierno de la Generalitat, que este martes ha aprobado el anteproyecto de ley para modificar el Código Civil de Cataluña (CCC). La propuesta, impulsada por el Departamento de Justicia, busca modernizar el lenguaje adaptándolo a las nuevas realidades jurídicas, económicas y sociales. Por un lado, busca modificar de manera transversal el conjunto del CCC y, por otro, se introducen cambios puntuales que afectan a determinadas materias.
Por ejemplo, se cambian lo conceptos masculinos por formas neutras, de manera que se cumpla el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Además, se implementa el principio de capacidad jurídica de todas las personas, lo que supone un paso más en la dirección que marca la Convención de Nueva York de 2006, donde se pedía promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.
Persona con discapacidad intelectual leyendo un libro adaptado / EUROPA PRESS
“Se cambian las referencias de incapacidad de las personas que comportan connotaciones peyorativas o discriminatorias”, ha explicado la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, en la rueda de prensa tras el Consell Executiu.
Un lenguaje que integra o margina
Esta es, precisamente, una de las reivindicaciones históricas de las entidades que les ha llevado a redactar un documento con pautas para el uso del lenguaje correcto, respetuoso y consensuado a la hora de referirse a las personas con discapacidad. Es el caso de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) --que aglutina a más de 1.600 entidades sociales-- y desde donde piden reflexionar al respecto. “El lenguaje no es neutral. El uso y la intencionalidad que se le dé pueden modificar el significado de muchas palabras. Con el lenguaje se puede integrar o marginar, evolucionar, tener un enfoque transformador y visibilizar nuestros valores”, expresan en un documento.
Y es que, hoy por hoy, todavía se utilizan palabras anticuadas e inapropiadas que estigmatizan a personas o grupos. Para Cocemfe, el término más adecuado es persona con discapacidad y no el de discapacitado, puesto que, “ante todo”, son “personas”. Así, queda prohibido utilizar términos con elevada carga negativa que, lo único que hacen, es “menospreciar y minusvalorar sus capacidades”.
Glosario de soluciones inclusivas con las personas con discapacidad / COCEMFE
"Ofensas gratuitas"
También desde Dincat, su director, Víctor Galmés, considera que el uso de una terminología inadecuada para referirse a las personas con discapacidad intelectual no hace más que "fomentar el desconocimiento, el estigma, los perjuicios y la discriminación" en torno al colectivo. Por eso, destaca la importancia de que, tanto desde la Administración como desde los medios de comunicación, así como de la sociedad en general, "se haga un buen uso del lenguaje para promover la inclusión".
Ante la polémica relacionada con el Ayuntamiento de La Garriga, Galmés celebra cualquier corrección y modificación que vaya en esa línea y que "encamine a ser un país más socialmente responsable".
Por su parte, Àngel Urraca --persona con discapacidad y portavoz de la Plataforma Playas Accesibles-- lamenta este tipo de lenguaje que "no le hace gracia a nadie". "Parece que hablen del mando de la televisión", aunque, lamentablemente, están acostumbrados a "ofensas gratuitas".