Asociaciones vinculadas a Colau piden retirar los desórdenes agravados del Código Penal

Una cuarentena de entidades sociales catalanas --algunas de las cuales han recibido el apoyo de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau-- han pedido este miércoles que, durante el trámite parlamentario de reforma del Código Penal, “no se agraven los delitos de desórdenes públicos para garantizar el ejercicio del derecho de protesta”.

Las entidades leído un manifiesto frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que han pedido no criminalizar las protestas. Las entidades han expresado que celebran la derogación del delito de sedición pero denuncian que la propuesta de reforma "genera graves afectaciones y limitaciones al libre ejercicio del derecho a la protesta, dejando en manos de los tribunales la interpretación y aplicación de conceptos jurídicos demasiado ambiguos" que consideran que abocarán a la arbitrariedad en las condenas.

El término "intimidación", demasiado ambiguo

Las entidades denuncian que el concepto de "intimidación" que incorpora la reforma para la modificación del delito de desórdenes públicos “comporta un alto grado de subjetividad y, previsiblemente, una mayor incriminación”. Temen que si la reforma sale adelante constituye una amenaza a los derechos fundamentales de la ciudadanía y que suponga "un retroceso en términos de democracia".

Las 40 entidades firmantes creen que el nuevo texto "abre la puerta a criminalizar actuaciones en base a la mera hipótesis de que podrían llegar a poner en riesgo el orden público", y remarcan que el derecho de protesta engloba derechos fundamentales protegidos por la normativa estatal y europea.

Convocan una protesta el jueves

Por este motivo, las entidades que han firmado el manifiesto --entre las que figuran Alerta Solidària, CGT Catalunya, la Coordinadora Movimientos Sociales y Sindicales de Catalunya, Ecologistes en Acció, Elite Taxi, Irídia, Marea Blanca Catalunya y Marea Pensionista-- han convocado una protesta el jueves a las 19.30 frente a la Delegación del Gobierno.

El documento también está firmado por la Plataforma 3 d'octubre, la Plataforma Antirepressiva de Barcelona, la Sectorial de Persones Represaliades de l'ANC, el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Tanquem els CIES, la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes y la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample, entre otros.