La justicia riñe a la UPC y la UB por vulneración a la libertad ideológica, de expresión y educación

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS) han vuelto a dar un toque a las universidades catalanas. Concretamente, a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y a la Universidad de Barcelona (UB) por vulneración de los derechos a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, y a la educación. 

Ello después de varios procedimientos iniciados por Universitaris per la Convivència a raíz de los manifiestos partidistas de los claustros de ambos centros. En primer lugar, el de la UPC, "cuestionando las actuaciones sancionadoras del Tribunal de Cuentas contra los profesores Andreu Mas-Colell y Albert Carreras. En segundo lugar, el de la UB, relativo a la sentencia del procés.

Rectorado de la UPC / UPC

Una carta a la comunidad educativa

Desde Universitaris per la Convivència pidieron retirar los manifiestos, pero ante la negativa de las direcciones decidieron emprender acciones judiciales al considerar "inaceptable" que las universidades "intenten fijar una especie de pensamiento oficial --claramente alineado con el poder político-- vulnerando de este modo los referidos derechos en una acción que de ningún modo queda cubierta por la autonomía universitaria", tal como ambas sentencias recalcan. 

Según ha explicado el colectivo en un comunicado, "la gravedad de los hechos" les ha llevado a redactar una carta en la que piden que "cese la sistemática conculcación de derechos que, por motivos ideológicos, se repite constantemente en nuestros campus". La misiva será enviada a los rectores de los centros públicos, a la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), al conseller de Universidades, Joaquim Nadal, al Ministro de Universidades, Joan Subirats, al Defensor del Pueblo y a la Síndica de Greuges de Cataluña.

"Libertad académica y neutralidad"

En el documento reclaman "libertad académica, derechos fundamentales y neutralidad" y hacen un llamamiento a profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa a "tomar conciencia del daño que estas actuaciones están causando a algunos derechos más básicos". Un daño que, de no remediarse, "acabará por repercutir negativamente en la docencia y en la investigación".

Joaquim Nadal, saludando a Pere Aragonès en su toma de posesión como consejero de Universidades / EFE

Además, exige a los rectores "el cese inmediato de la mala práctica de las declaraciones institucionales de contenido ideológico" y anima a todas las autoridades académicas a "fomentar una reflexión abierta, plural e informada sobre el modo en que las universidades han de participar en el debate público".

Cabe recordar que Universitaris per la Convivència se adhiere a la Declaración de Stanford, hecha pública recientemente "en defensa de unas universidades alejadas del activismo político y abiertas al debate libre de ideas".