Los vecinos de Terrassa cargan contra su Ayuntamiento por la mala gestión en la entrega de notificaciones locales, como multas o impuestos, y acusan a RD Post, su empresa de mensajería, de no dejar avisos en los buzones cuando se encuentran ausentes. Esto se traduce en pagos sin posibilidad de reducciones o recursos que, en muchas ocasiones, acaban siendo embargados de la cuenta, insisten los denunciantes.
“Le escribo para informarle de que la empresa de distribución RD Post no nos entrega las notificaciones cuando estamos ausentes de casa. Nos ha llegado una multa de febrero de 2022, por un importe de 300 euros, sin posibilidad de pagar el 50%”, decía el pasado 7 de noviembre a través de redes sociales un vecino de Terrassa al alcalde de la localidad, Jordi Ballart.
Aumentan los casos
Rápidamente, su comentario pasó a ser un hilo candente que en pocos minutos acabó convirtiéndose en un gran libro de reclamaciones digital. “A mí no me llegó ni IBI ni impuesto de circulación”, “la recibí en marzo, cuando la multa era de octubre del año anterior”, “pues a mí me ha pasado igual. Me han embargado la cuenta por una multa y no nos ha llegado ninguna notificación”. Unos y otros aseguran estar en la misma situación e indefensos porque la empresa les contradice, asegurando que siempre dejan los avisos en el buzón. En cuanto al ayuntamiento, insisten, “solo quiere recaudar”, por lo que dicen no esperar que tome cartas en el asunto.
De hecho, una de las vecinas explica a Crónica Global que llegó a hablar por redes con Ballart y que le prometió una ayuda que finalmente no llegó. "Le escribí para contarle que me había llegado una multa de 525 euros que, al parecer, me puso un mosso sin bajar de su moto". Según su relato, el alcalde se mostró indignado con el hecho que le contaba. Sin embargo, al final pagó el importe total sin posibilidad de reducción y con un recargo por demora cuando, asegura, jamás recibió un aviso de que se había intentado entregar la multa.
RD Post no se pronuncia
Los responsables de RD Post desmienten las acusaciones de estos vecinos, aunque han declinado hacer cualquier tipo de declaración a Crónica Global porque, insisten, solo tienen que dar explicaciones al Ayuntamiento de Terrassa.
La empresa de servicio postal presta sus servicios al consistorio desde que en 2018 relevase a correos.
Al ayuntamiento no le constan denuncias
El ayuntamiento, por su parte, dice desconocer la magnitud del descontento vecinal con respecto a este tema e insiste en que debe tratarse de algún caso puntual que está denunciando por la vía equivocada, algo que alguno de los participantes de la conversación también achacó a los denunciantes.
Según han declarado fuentes municipales a este medio, no hay constancia de incidencias en las entregas de sus notificaciones. Sin embargo, se han mostrado interesados en localizar la publicación que, insisten, han conocido por Crónica Global.
Soluciones
Algunas personas se preguntan si hay algo que se pueda hacer para solucionar esta situación. En primer lugar, es importante tener en cuenta que aunque la administración debe notificarle en su domicilio la denuncia en un plazo máximo de 3 meses, en el caso de las infracciones leves y de 6 meses para las infracciones graves o muy graves, existen otras vías por las que cualquier ciudadano puede conocer si tiene alguna sanción pendiente, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en los boletines provinciales de Cataluña (BOP).
Sin embargo, no todo está perdido. Si la empresa de mensajería no tiene un sistema de control que le permita demostrar que se han entregado las notificaciones, podría haber una vía legal para reclamarle daños y perjuicios, según explica el despacho de Ferré Abogados a este medio. "Si la empresa tiene un sistema de control que funciona y acredita que sí lo está haciendo, no podríamos pedir responsabilidades". Con todo, la mejor solución podría ser "presentar una petición conjunta al ayuntamiento" instando a buscar una solución al problema ya que de no hacerlo se presentaría una demanda colectiva.