Un piso okupado en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) se ha convertido en el escenario local de un conflicto entre familias de Rusia y Ucrania. Dos mujeres originarias del país invadido, que aseguran ser refugiadas de guerra, se han atrincherado en el inmueble, pero la propietaria, de nacionalidad rusa, denuncia que mienten y que la han estigmatizado por su pasaporte con el pretexto de la guerra.
Está previsto que el desahucio de las dos okupas tenga lugar mañana a las 9.30 horas. El lanzamiento ya trató de ejecutarse el pasado mes de febrero, aunque se tuvo que posponer por la fuerte oposición de activistas antidesahucios, según fuentes cercanas al caso.
No pagan alquiler
El juzgado ha convocado a efectivos policiales para garantizar el lanzamiento progrmado mañana, después del desahucio fallido de hace unos meses en el que la comitiva no contaba con refuerzos de los cuerpos de seguridad. Según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado varias fuentes, la disputa está protagonizada por Gala, la propietaria rusa, y, por otro lado, una madre y su hija ucranianas, a las que la mujer les alquiló el piso en 2020 pero que rápidamente dejaron de pagar el alquiler, en un caso con versiones cruzadas.
Una convocatoria de la PAH para parar un desahucio en Sant Adrià
La propietaria afirma que está estigmatizada por su origen desde que comenzó la guerra y ha acusado a las habitantes del piso de mentir para conseguir un certificado de refugiadas. Gala ha explicado que al poco de alquilarles el piso, con las que no firmó contrato de alquiler, empezaron a surgir divergencias, puesto que las inquilinas alegaron que habían sido engañadas porque había más personas viviendo en el domicilio, pese a que era algo que, según la propietaria, ya estaba hablado.
Llegaron antes de la guerra
La otra versión señala que las dos mujeres huyeron de Ucrania por la guerra de Crimea, se establecieron en Sant Adrià de Besòs y estarían sometidas en la actualidad a un supuesto acoso por parte la propietaria rusa. Las dos ucranianas incluso han denunciado en las redes sociales que han recibido amenazas y sufren cortes de luz.
Las dos ocupantes del piso aprovecharon la directiva de la Unión Europea que permitía solicitar asilo a los ciudadanos ucranianos para alegar que el conflicto les había cogido fuera de su país y que no podían regresar. Lo que sí está acreditado es su condición de vulnerabilidad, pues desde el consistorio apuntan que las dos mujeres ucranianas reciben atención de los servicios sociales.