Este jueves el conseller de Interior Joan Ignasi Elena, el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra Eduard Sallent y la portavoz del cuerpo autonómico Monserrat Escudé han presentado el nuevo protocolo de la policía catalana en relación a los desahucios y la okupación de inmuebles y han anunciado la creación de una nueva unidad central para gestionar esta problemática social de forma transversal. Con el desarrollo del nuevo protocolo se pretende procedimentar y homogeneizar la actuación de los agentes en el conjuntos del territorio catalán, mejorar los atestados, reforzar la coordinación con el resto de agentes y poner en el centro las personas vulnerables desde un abordaje social. Recoge tres novedades destacables con respecto a la forma de trabajar hasta el día de hoy: el principio de responsabilidad, la activación de recursos sociales y la sistematización global en el territorio catalán. 

El comisario jefe ha anunciado este jueves la creación de la Unidad Central de Intervención de Conflictos de Vivienda, imbricada en la División de Atenció a la Ciudadanía, que fue diseñada el año pasado pero que ha entrado en vigor en 2022. "Tenemos un amplio conocimiento sobre todo lo que envuelve la okupación para prevenirla y abordarla desde otros ámbitos, no solo desde el policial". Esta unidad central no será opertiva, ha concretado Escudé, sino que se encargará de gestionar la información sobre el fenómeno de las okupaciones, evaluarla y hacer un seguimiento. Formado por tres efectivos y un caporal, tendrá una mirada "más social". 

"Desahucia la sociedad injusta"

Elena ha puesto en valor el desarrollo de un protocolo "novedoso" a nivel estatal. Los nuevos procedimientos pasan por estandarizar las actuaciones policiales y aclarar la participación de los agentes del cuerpo en los lanzamientos. Además, ha remarcado que la presencia de mossos de debe a su papel de "policía integral" y que responde siempre a un requerimiento judicial. "Se habla mucho de la participación de Mossos en los desahucios, pero se habla muy poco de por qué acaban formando parte de una comitiva judicial. El cuerpo de Mossos no desahucia, quien desahucia a una persona vulnerable de su vivienda es una sociedad injusta que no es capaz de garantizar el derecho a la vivienda que todo el mundo debe tener garantizado", ha denunciado Elena. 

El conseller ha señalado directamente al Estado español como responsable del problema de las okupaciones aludiendo que "el Parlament de Cataluña intentó aprobar diversas leyes de vivienda para garantizar que no se pueda desahuciar sin una alternativa habitacional", que desde Madrid, según él, han echaron atrás debido a las presiones de los lobis. Con este escenario, Elena ha expresado que en los últimos seis años, entre 2017 y 2022, se ejecutaron 72.700 desahucios en Cataluña, pero ha precisado que los Mossos d'Esquadra solo participaron en un 20% de los lanzamientos y que solo se produjeron incidentes en el 0,8% de los casos. "Eso no quiere decir que no tengamos que aprender a gestionarlo. Mossos d’Esquadra es una policía integral, lo que implica hacer de policía judicial ateniendo a las órdenes de jueces y tribunales como no podría ser de otra manera". 

Abordaje transversal

El nuevo protocolo presentado este jueves en el Departamento de Interior otorga pautas a los agentes para que sepan cómo actuar tanto en las okupaciones como en los lanzamientos, "estandarizando los procedimientos con un documento viable y aplicable, lo que que será positivo y que permitirá una mayor seguridad jurídica para todas las partes". En este sentido, Sallent ha expresado que el nuevo procedimiento recoge una serie de factores que indican a lo agentes cuándo deben actuar en el caso de una okupación. "Si están ante un acto preparatorio de una okupación, ante una usurpación de un bien inmueble, deben actuar y parar la okupación. Pero también si tienen un testimonio o una alarma que ha sonado, porque está ante un hecho flagrante". Los Mossos podrán actuar, en caso de considerar que se esté produciendo un delito flagrante, sin informar previamente al Juzgado. 

En el caso de las okupaciones, que son "residuales en primeras viviendas", Sallent ha expresado que se abordarán teniendo en cuenta a todos los actores. En este sentido, ha expresado que desde Mossos se contactará de forma proactiva con los propietarios de las viviendas cuando no hayan presentado una denuncia y se les instará a solicitar una medida cautelar para garantizar su derecho a la propiedad. Pero también pone en el centro a los allanadores. "Tenemos una responsabilidad social como policía y en casos de vulnerabilidad se debe activar la red de servicios sociales para dar una respuesta que no deje en un estado de más vulnerabilidad a estas personas". “Los que hemos trabajado en el desahucio de una familia, sabemos que no es una situación agradable para nadie”, ha expresado.

Las personas vulnerables, en el centro

El conseller ha concretado que se distinguirá entre aquellas okupaciones por una cuestión de desamparo económico y aquellos casos en los que haya implicados mafias de la okupación "que se lucran" aprovechándose de personas vulnerables. "Es una actividad delictiva que debe tener una sanción penal a la que tiene en estos momentos", ha reclamado Elena. En este sentido pretenden "situar a las personas vulnerables en el centro de nuestra sociedad, incorporando mejoras cualitativas en los atestado, una petición que fiscales, jueces y tribunales venían haciendo" con este documento que está validado por el Ministerio Fiscal.

Los Mossos han presentado un segundo procedimiento de trabajo en relación a los lanzamientos por mandato judicial. "Actuamos como policía judicial y hacemos lo que nos ordena un juez". En este sentido, han precisado que solo acuden cuando hay una reiteración en la que la comitiva judicial no ha podido echar a los okupas, cuando hay una protesta organizada o cuando el propio lanzamiento pueda comportar un peligro. "Planteamos una cosa novedosa: fijamos el principio de responsabilidad a nivel territorial y adjudicamos niveles de riesgo hasta tres, siendo este último el más elevado". En este caso se hará de forma progresiva, con la participación de las unidades de seguridad ciudadana y mediación y evitando, en la medida de lo posible, la intervención de las fuerzas especiales como la Brimo y la Arro. Estas últimas acudirán solo si lo solicita un juez.

Sallent guarda silencio

Preguntado sobre las presuntas injerencias de las que se ha acusado a Eduard Sallent en las investigaciones de los Mossos d'Esquadra, el comisario jefe ha expresado que "no entrará en este debate". "Sobre uno mismo, el más absoluto silencio", ha expresado. El conseller de Interior le ha echado un capote añadiendo que "en siete intervenciones y durante más de tres horas, he explicado vastamente la decisión que tomé en el Parlament", ha reiterado. "Me ratifico en todo lo que expliqué", ha zanjado.