Un juzgado da la incapacidad permanente a un funcionario al que la Seguridad Social daba el alta

El Juzgado Social 1 de Lleida ha reconocido la invalidez permanente absoluta a un funcionario de prisiones de la cárcel de Brians 1 por las dolencias que sufre, pese a que en 2021 el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la petición.

Según consta en la sentencia, el juzgado ha condenado al INSS y también a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a reconocerle la invalidez absoluta al perjudicado y a abonarle una pensión vitalicia correspondiente al 100 % de su base reguladora de 1.962,88 euros, más mejoras y revalorizaciones.

El INSS desestimó la prestación por incapacidad permanente en junio de 2021 del funcionario de prisiones "por no alcanzar, las lesiones que padece, un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral", decisión que fue recurrida por el perjudicado y desestimada nuevamente en septiembre de ese mismo año.

Dolencia degenerativa con inestabilidad severa

La sentencia ha reconocido que el funcionario "sufre una dolencia degenerativa cervical que cursa con una inestabilidad severa que va más allá de la mera dificultad para caminar y que ha determinado la necesidad de uso continuado de un bastón, una gran penosidad para desplazarse o moverse de un lugar a otro y la dificultad incluso para realizar algunas actividades cotidianas".

Además, también destaca que el funcionario de prisiones "no puede deambular, subir/bajar escaleras, permanecer de pie, cambiar de posición ni desplazarse de un lugar a otro de forma autónoma", sino que requiere "ayuda constante de una tercera persona".

Patologías graves que impiden trabajar

El juzgado ha considerado que las patologías que sufre el perjudicado son, "en su conjunto, incompatibles con la realización de un mínimo de rendimiento y eficacia de cualquier actividad laboral".

Según ha explicado este lunes en un comunicado Vosseler Abogados, despacho que ha representado al funcionario de prisiones a través de la letrada Ámbar Zambrano, el perjudicado llevaba seis años de baja laboral por las diversas patologías graves que padece, aunque el INSS le negó la incapacidad y le dio el alta, lo que le obligó a ir a su lugar de trabajo.

"El demandante solo pudo estar un día en las instalaciones penitenciarias inmovilizado y auxiliado por sus compañeros, ya que sus dolencias son incompatibles con cualquier actividad laboral e inviable con el desempeño de sus labores que debería realizar en su lugar de trabajo", han explicado desde el despacho.