La Fiscalía Anticorrupción pedirá penas de cárcel que superan los 20 años en algunos casos para los supuestos cabecillas de la financiación ilegal de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la etapa de Artur Mas, una trama conocida como la del 3%, que es la cantidad que los empresarios debían donar al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. Entre la treintena de acusados se encuentran Germà Gordó y los extesoreros Andreu Viloca y Daniel Osàcar. Algunos de ellos han colaborado en la investigación a cambio de reducciones de la petición de pena.

El ministerio público sitúa al entonces secretario de Gobierno de la Generalitat, Germà Gordò, en la punta de la pirámide. Él era, según el escrito, quien dirigía las entradas de dinero y gestionaba las adjudicaciones para “beneficio de los contratistas” y de su partido, “objetivos ambos opuestos al bien público”. Anticorrupción pedirá para él 18 años y 10 meses de cárcel, así como una multa de 4,6 millones de euros. Junto a él figura el ex secretario económico de CDC Francesc Sánchez, otro de los encargados de gestionar esas partidas desde 2011. Sin embargo, ha colaborado en la investigación y solo se enfrenta a un año de prisión y a trabajos para la comunidad.

"Control exhaustivo" de las licitaciones

También aparecen en la relación los extesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osàcar, que según la acusación organizaban el modo de hacer las donaciones. Para el primero, Anticorrupción exigirá una pena de 21 años y 10 meses como responsable del “control exhaustivo” de las licitaciones, adjudicaciones de obra pública y de concursos y “pagos encubiertos” y, para el segundo, reclamará trabajos en beneficio de la comunidad, dado que ha colaborado en las investigaciones. Osàcar ya cumple condena por el caso Palau.

Según la acusación, los tesoreros establecieron que el dinero de esas donaciones ilícitas se ingresara en fundaciones afines a CDC, como CatDem y Forum Barcelona, desde donde la formación recuperaba el dinero. De este modo, entre 2008 y 2015 logró 1,8 millones de euros –en cálculos de Anticorrupción— con este proceder, que afectaba a 31 adjudicaciones. Sin embargo, ninguno de los acusados –una treintena entre políticos, empresarios, personas jurídicas como CDC y PDECat, sucesora de este partido y al que le exige una multa de tres millones— ha incriminado a Mas en sus declaraciones. Se les imputan los delitos de organización criminal, fraude a las Administraciones, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

Las empresas disimulaban las donaciones

El escrito de acusación se muestra contundente al apreciar que todo este entramado iba encaminado a obtener un beneficio y lucro propio sirviéndose de posiciones de poder público, lo que derivó en un “grave descrédito” para la Administración y en un “perjuicio” para el erario. Y sostiene que los responsables de CDC controlaban las obras que se iban a adjudicar tanto en la esfera autonómica como en la local. A continuación, localizaban a posibles adjudicatarios y llegaban además a acuerdos con los responsables de las empresas públicas. De este modo, Josep Antoni Rosell se enfrenta a 10 años; Antoni Vives, a seis, y el expresidente del Puerto Sixte Cambra, a cuatro y medio.

Una vez hecho esto, se exigían las donaciones a través de las fundaciones, tal y como consta en la agenda de Viloca. El último paso consistía en alterar los concursos públicos, amañarlos para beneficiar a las empresas, en el mismo momento o en el futuro, que se avenían a aportar ese 3% que terminaba en las arcas de CDC. Asimismo, estas firmas eran “conscientes” del entramado ilícito, por lo que actuaron con el “afán de disimular estas donaciones”.