Educación busca salidas para los alumnos que se han quedado sin plaza en un grado de formación profesional (FP). Pero no es una opción adaptada a sus necesidades formativas, sino todo lo contrario: les ofrece un cursillo destinado, sobre todo, a personas en paro. Esto es, los Certificados de Profesionalidad. Una alternativa muy criticada por parte de los sindicatos, ya que las Administraciones la venden como una oportunidad cuando, en realidad, es “una vía muerta”.
¿Pero qué diferencia hay entre un título de FP y un certificado? El segundo son cursillos oficiales que acreditan que la persona posee los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer una determinada actividad laboral y no suelen superar las 800 horas. Muy por debajo de las cursadas en la FP, orientada a la especialización y a la adaptación del alumno a la realidad del mercado laboral.
De hecho, los certificados de profesionalidad van dirigidos a personas sin titulación oficial, pero que cuentan con formación no formal o experiencia laboral, tal y como apunta el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) --que gestiona este ámbito--.
Una forma de "tapar la mala gestión"
Por eso, los expertos avisan de que derivar a las personas que se han quedado fuera de FP es "una manera de tapar su mala gestión” y la falta de oferta pública. “Los Certificados de Profesionalidad no son aptos para los que quieran tener una continuidad educativa”, avisa Jesús Martín, responsable de FP en UGT Cataluña.
Pese a que la mayoría de certificados ofertados por el SOC tienen salidas laborales, no son opciones atractivas para los jóvenes que se han quedado sin acceso al grado deseado. “No es equivalente”, añade Rodrigo Plaza, responsable estatal de este ámbito en CCOO. Asimismo, recuerdan que a estos jóvenes se les está encaminando hacia "una vía muerta", ya que la Consejería de Educación solo garantiza plaza a los alumnos que acaben cuarto de la ESO.
Así pues, pese a que cursen un Certificado de Profesionalidad, estos no tendrán prioridad si el siguiente curso quieren volver a intentar entrar a un ciclo de FP.
¿Para cuándo un sistema de formación integrado?
Para resolver este desatino es crucial tener un sistema integrado que convalide varias formaciones. Es decir, que un estudiante que este año está cursando un Certificado de Profesionalidad pueda convalidarlo si, el año que viene, se inscribe en un grado medio. Hoy por hoy, Cataluña es la única comunidad autónoma que no dispone de centros integrados de formación profesional.
Si las previsiones se cumplen, a finales de año el Parlament dará luz verde a un decreto que lo regule, tras un acuerdo entre el Govern y los actores sociales. En el documento se estipula qué centros pueden ser integrados o no, deberán impartir solo FP y, por otro lado, deberán permitir acreditaciones profesionales. Además, tendrán que estar gobernados de forma integral. O sea, por un consejo de formación y empresa en el que formen parte agentes sociales, empresas y representantes territoriales con tal de adaptar la oferta y la demanda.
La gestión del CEB
Esa es, según las voces consultadas por Crónica Global, la mejor manera de cubrir las necesidades de las empresas. Y es que, hoy por hoy, por mucho que el Departamento de Educación derive a los alumnos a un Certificado de Profesionalidad, no tendrán la salida laboral deseada. Por ejemplo, no existe un certificado de cuidados de enfermería equivalente a un título de FP.
En este sentido, Plaza lamenta que en la última sesión plenaria del Consejo de la FP de Barcelona --celebrada a principios de septiembre--, el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) celebrase que “al alumnado sin plaza pública se le está llamando para ofrecerle una plaza en formaciones de Certificados de Profesionalidad”. Según los datos aportados a este medio, el CEB --a través de un acuerdo con Barcelona Activa-- ha telefoneado a 4.000 alumnos para convencerles de que elijan esa modalidad.
“Se les ofrece lo que hay. Es perverso derivar a los alumnos hacia ahí y presentarlo como una solución a la falta de oferta pública”, critican desde el sindicato. También desde Foment del Treball se muestran críticos con esta salida si la intención es esconder la escasez de plazas en ciclos formativos. "Sería un fracaso del sistema y se necesitaría establecer una estrategia para que no suceda el próximo curso", dicen fuentes de la patronal a este medio. En cambio, lo verían con buenos ojos si es el camino elegido fruto de una orientación o acompañamiento al estudiante. Es decir, si es lo mejor para su formación, en vez de la opción menos mala.
Los más vulnerables, en la estacada
Esta manera de actuar no suple la falta de plazas de FP, sino que pretende ocultar la vulneración del derecho a la educación en condiciones de igualdad. Así pues, los estudiantes que proceden de otras vías distintas a cuarto de la ESO --a quienes el Ejecutivo autonómico da prioridad en la preinscripción-- son los que salen más perjudicados.
“Quien se lo puede permitir se va a un centro privado o concertado, pero los otros están abocados a tirar la toalla”. Algo que reconocían desde el propio CEB, según los asistentes a la sesión: “Priorizar a los de cuarto de la ESO es una decisión política que no se basa en ningún estudio previo, sino en que son los alumnos que menos abandonan”. Por tanto, la Administración prioriza a este target para "tapar el expediente y que no aumenten las cifras de personas que no han podido acceder a la FP".
Se trata de una política "poco equitativa y muy segregadora" por razones económicas que, además, fomenta el abandono escolar y deja en la estacada a los más vulnerables.