El Juzgado de lo contencioso-administrativo 13 de Barcelona le ha dado 10 días al Departamento de Interior para que se pronuncie sobre la suspensión cautelar del concurso a comisarios de los Mossos d’Esquadra, después de que intendentes y mandos denunciaran las bases del mismo.

La denuncia, a la que ha tenido acceso El País, se basa en la dispensa de grado, que consiste en una excepción por la que los mossos podían acceder una única vez durante su carrera profesional a una categoría para la que no tenían la titulación exigida.

Se derogó en diciembre

El Govern derogó al artículo en el que se recogía la dispensa de grado --vigente desde 2000-- durante el mes de diciembre aprovechando la Ley de Medidas Fiscales, que permitía la modificación exprés de la normativa.

Ahora, las bases de la convocatoria recogen que aquellos intendentes que carecen de doctorado, de grado universitario, de licenciatura, ingeniería o arquitectura y que ya forman parte de la escala superior porque hicieron uso con anterioridad de la dispensa de grado, pueden presentarse al concurso de comisarios. Un hecho que ha enfurecido a los compañeros, que insisten en que esto supone aplicar dos veces la exención de titulación.  

Carece de cobertura jurídica

La denuncia, a la que ha tenido acceso el citado medio, recoge que “el mantenimiento de dispensa de grado carece de sentido funcional y de cobertura jurídica” y recuerda que, a estas alturas, no faltan en el cuerpo “funcionarios con titulación superior”.

De hecho, uno de los motivos para la derogación de la misma, fue la feminización del cuerpo, dado que el 43% de las mujeres cuentan con titulación superior, frente al 29% de los hombres. “La dispensa de titulación supone una desigualdad indirecta que favorece la promoción de los hombres por delante de las mujeres”, refleja el escrito, que recuerda que no puede restablecerse mediante una decisión de la Administración en las bases del concurso.

Pruebas subjetivas

Además, critican la libre designación de los comisarios, por considerar que se basa en pruebas subjetivas que “posibilitan los nombramientos interesados” y que no tienen en cuenta los méritos y la capacidad de los agentes.

La denuncia llega apenas tres días después de que el Departamento de Interior se viera obligado a paralizar durante un plazo de 15 días el proceso de selección de inspectores e intendentes “por irregularidades”, después de que se descubriera un teléfono móvil grabando durante una reunión del tribunal.